Comunicdo CIUS 38

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Terminó la semana anterior con la noticia de la visita de Piñera a la casa blanca y con el gesto algo infantil, de mostrar su mini banderita dentro de la bandera gringa, de todas formas esta imagen un poco vergonzosa, igualmente sirve como una metáfora del imperialismo de EEUU y de nuestra dependencia como país tercermundista.
Mensajes muy contradictorios dio este gobierno en este viaje a las Naciones Unidas, vimos a un Piñera gustoso, sumándose a los países que desacreditan e intervienen abiertamente en el proceso venezolano -por los supuestos atropellos a los derechos humanos- mientras en Chile su administración fue la que llevó al territorio Mapuche, un comando de policía militarizada llamado “jungla”, a una zona donde hace tiempo se trasgreden permanentemente los derechos humanos de las comunidades ancestrales.
Y no olvidemos que su coalición política defendió sin cuestionamientos, el fallo de la corte suprema que dejó en libertad a criminales de lesa humanidad. No olvidemos tampoco la represión brutal de carabineros a los movimientos sociales, como lo ocurrido este último tiempo –en concepción por ejemplo- contra de quienes protestan por la existencia de las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”.
¿Con qué moral un gobierno con ese historial de represión al pueblo y su defensa corporativa de los criminales de la dictadura, puede acusar a otro de no respetar los derechos humanos?

PERO HAY MÁS…

Otro asunto absolutamente contradictorio ocurrido en esa visita a la sede de Naciones Unidas, fue el hecho que nuestro país se negara a firmar el tratado de ESCAZÚ, después de que Piñera en su discurso a la asamblea general, diera énfasis a los problemas medio ambientales, mencionando incluso el problema de crisis en zonas como Quintero y Puchuncaví.
Una señal bastante grave a nuestro modo de ver, en primer lugar porque nuestro país fue uno de los impulsores de esta iniciativa y participó del largo proceso de reuniones En segundo lugar porque deja una vez más en la indefensión, a las comunidades que habitan las ultra contaminadas “zonas de sacrificio ambiental” en nuestro territorio. Porque no hay que olvidar que este tratado tiene tres pilares fundamentales en los que se sustenta:
-Derecho a la información ambiental para toda persona, junto a la obligación de las instituciones de mantener sistemas actualizados para entregarla y que estén disponibles de forma progresiva.proyecto y sumar más países a la idea.
-Derecho a la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales. Garantiza mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente. Eso incluye participación ciudadana directa y temprana, 18 meses antes de que las empresas presentes sus estudios de impacto ambiental.
-Consagra el acceso a la justicia ambiental. Acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente. Además, establece medidas de protección para los defensores medioambientales y compromete a los países a desarrollarlas. Adicionalmente, los países signatarios serán supervisados por la CEPAL, a quien deben emitir informes-Derecho a la información ambiental para toda persona, junto a la obligación de las instituciones de mantener sistemas actualizados para entregarla y que estén disponibles de forma progresiva.
-Derecho a la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales. Garantiza mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente. Eso incluye participación ciudadana directa y temprana, 18 meses antes de que las empresas presentes sus estudios de impacto ambiental.
-Consagra el acceso a la justicia ambiental. Acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente. Además, establece medidas de protección para los defensores medioambientales y compromete a los países a desarrollarlas. Adicionalmente, los países signatarios serán supervisados por la CEPAL, a quien deben emitir informes.

Sin ser muy mal pensados, es legítimo pensar que estos tres pilares en los que se sustenta el tratado de ESCAZÚ, no le convienen a los dueños de las empresas que han arruinado zonas como Quintero y Puchuncaví. Por una parte porque las comunidades tendrían el derecho, a conocer los proyectos industriales con su impacto ambiental y rechazarlos si no son satisfactorios. Por otra parte las empresas que envenenan el ambiente sin cumplir las normas, podrían terminar demandadas en tribunales internacionales.
Lo mismo podría ocurrir con los que asesinaron en el 2016, a la activista medio ambiental Macarena Valdés, defensora de su tierra en el sector de Tranguil en la comuna de Panguipulli, que hasta ahora sigue impune. Macarena fue conocida en la zona por su fuerte oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica austriaca RP-Global y de la empresa eléctrica chilena SAESA, en territorios pertenecientes a comunidades Mapuche.
Este tratado permitiría recurrir de protección en tribunales, antes de que estos crímenes atroces ocurran o que el dinero haga desaparecer a los culpables.
Algunos dicen que se rechazó la firma por el actual conflicto con Bolivia y la demanda en la Haya, quizás podría ser.
Pero es claro que los capitalistas tampoco quieren a las comunidades empoderadas, interviniendo en el modelo económico extractivista con que se amasan las fortunas de los dueños de Chile.
Como decíamos en un número anterior del Boletín CIUS, en estas zonas de sacrificio ambiental se enferma y se muere de capitalismo sin que el Estado o la justicia intenten cambiar la situación.

 

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