Justicia, no venganza

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“El abogado Contreras expone muy bien y con claridad la problemática que se vive hoy en torno a los derechos humanos y la inacabada demanda de justicia y castigo.

Sin embargo no olvidamos que es el mismo abogado que junto a un colega suyo, Pedro Aravena, y dirigentes sociales y sindicales buscaron sin éxito, castigar la decisión del presidente de la CGT de denunciar abusos contra dirigentes sindicales, mal asesorados jurídicamente.

Claro, digno y justo aquí, no tanto cuando buscó castigos contra quien denunció hechos reales.

 

Fue recién a poco de finalizar el año, exactamente el 28 de diciembre, cuando el ministro de dedicación exclusiva, don Miguel Eduardo Vásquez, dictó una sentencia de casi 400 páginas condenando a 45 militares, agentes de Pinochet, a penas que van desde los 12 años de presidio a presidio perpetuo. Ha sido en el caso “calle Conferencia 2”, rol n° 2182 – 98, proceso que iniciáramos en enero de 1998 y que estuvo primero a cargo del juez Juan Guzmán Tapia, para continuar adelante con otros magistrados y otros abogados.

En concreto, se trata de los secuestros, torturas, homicidio y desaparición de los dirigentes del Partido Comunista Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Lincoyán Berríos, Fernando Navarro, Horacio Cepeda y Héctor Véliz ocurridos hace 40 años, en diciembre de 1976.

La lectura del extenso fallo nos muestra la posibilidad real de lograr justicia si hay voluntad y capacidad para hacerla. Es un documento serio, fundado, digno de ser difundido y estudiado en las escuelas de Derecho del país; deja fehacientemente establecida la obligatoriedad de aplicación de las normas internacionales por sobre las nacionales cuando se trata –por su particular gravedad y horror– de los llamados delitos contra la humanidad y contribuye a devolver la confianza de la ciudadanía en sus tribunales.

Confianza que se pierde cuando, como sucede en nuestros días, la propia Corte Suprema concede beneficios y libertades a criminales extremos y sádicos como los degolladores de los compañeros Parada, Guerrero y Nattino, pasando por sobre ley expresa.

Confianza que se pierde, por ejemplo, frente al triste espectáculo del montaje en curso para lograr la impunidad de los asesinos y que, curiosamente, proviene de sectores que se supone tienen el deber de hacer respetar la ley.

¿Se molestará el ministro de Justicia, señor Campos, por esta sentencia condenatoria?¿Le parecerá falta de coraje del juez sentenciador? ¿Lo amenazará con brutales sanciones como a otros funcionarios? Al menos en este caso, que se sepa, su hermano no está siendo juzgado.

¿Le parecerá poco cristiano este gran fallo al sacerdote Montes? ¿Les disgustará esta sentencia a los más altos tribunales nacionales?

Lo cierto es que hoy en nuestro país el dilema en esta materia es claro: o se está por la verdad y la justicia o se está por la impunidad y la burla de los derechos de las víctimas y sus familiares.

El no cierre de Punta Peuco, penal de lujo con canchas de tenis incluidas, así como la burda farsa de los perdones y, sobre todo, el sostenimiento del pacto de silencio de los mandos de los institutos armados ante la pasmosa indiferencia del ministro de Defensa, dan cuenta del oscuro proceso en curso que resulta ser un verdadero atentado al Derecho, a la Moral, al Humanismo.

Esto es, además, ponerse de parte de quienes no tienen mayor interés en garantizar un futuro democrático para Chile, que solo puede garantizarse castigando ejemplarmente a los autores de crímenes de lesa humanidad.

Tampoco se sostiene el discurso de los “pobres ancianos moribundos o dementes” pidiendo la compasión y clemencia que los asesinos no tuvieron para con sus miles de víctimas, fueran ancianos o niños, hombres o mujeres.

Este año en Alemania hubo al menos dos condenas a ex funcionarios del régimen nazi. En todos los casos se trataba de personas de más de 90 años. Todavía más, en las proximidades de nuestro país, recordemos que en Montevideo, Uruguay, ha muerto el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció a causa de una afección cardiaca a los 91 años en el Hospital Militar en circunstancias que cumplía la pena de prisión acordada por la justicia uruguaya aunque padecía de demencia senil. Tampoco olvidemos que, por presiones de los sectores más reaccionarios, la jueza que lo condenó, Mariana Mota, fue removida de su cargo y traspasada a la justicia civil. Pero su sentencia igual debió cumplirse.

El amplio sector de quienes respetamos los derechos humanos y pensamos que no debe haber ni perdón ni olvido exigimos que se respeten los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Chile, que van desde los cuatro Convenios de Ginebra –el primero acordado el siglo XIX– hasta el Estatuto de Roma, cuyos principios fueron expresamente recogidos en la ley nacional de hace pocos años.

Y acerca de la llamada “reconciliación nacional”, ajena por entero a la realidad histórica concreta, alguien en su sano juicio, ¿se reuniría y trabaría amistad con quien violó por sí mismo o mediante perros amaestrados especialmente, a su madre o a su hija, o a su padre o a su hijo? ¿O con quienes quemaron vivo a su hermano? ¿O con quienes degollaron a sus seres más queridos? Hablamos de miles de estos casos, leamos los expedientes, enterémonos de la verdad. Basta ya de complicidad con el genocidio iniciado en 1973.

En este contexto se dan las declaraciones del cardenal Ezzati –¡tan distante del cardenal Silva Enríquez!– en que sostiene que “la mentalidad que vamos creando lastimosamente no es de un país reconciliado, sino de un país que busca venganza”. Palabras que pronunció muy luego de que se realizara el montaje de petición de perdón de los asesinos presos en Punta Peuco. Fue también coincidente con la sentencia de la Corte Suprema en que, por diferencia de votos, se concedió la libertad a Claudio Salazar Fuentes, otro de los degolladores de los inolvidables Parada, Guerrero y Nattino.

El cardenal plantea además el tema de la reconciliación como deber social.

Lástima grande que las palabras de una autoridad religiosa contrasten tanto con lo que fue la valiente lucha de la Vicaría de la Solidaridad en los años más duros de la dictadura. Nada más lejos de la venganza, que consiste en responder por cuenta propia al daño recibido, que la justicia que consiste en que un órgano autónomo del Estado primero investiga amplia y detalladamente, oye a todos, luego acusa y aplica la ley para, finalmente, imponer una pena. Qué lástima que el jefe de una entidad que ha enfrentado tantos juicios todavía no lo entienda.

Y acerca de la llamada “reconciliación nacional”, ajena por entero a la realidad histórica concreta, alguien en su sano juicio, ¿se reuniría y trabaría amistad con quien violó por sí mismo o mediante perros amaestrados especialmente, a su madre o a su hija, o a su padre o a su hijo? ¿O con quienes quemaron vivo a su hermano? ¿O con quienes degollaron a sus seres más queridos? Hablamos de miles de estos casos, leamos los expedientes, enterémonos de la verdad. Basta ya de complicidad con el genocidio iniciado en 1973.

La sentencia del juez Vásquez reivindica a nuestros tribunales y hace justicia de veras, no venganza.

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