SEGÚN LA SP ¿Qué ocurre si un empleador no paga las cotizaciones previsionales?

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Si un empleador no paga las cotizaciones previsionales, está obligado a declararlas (DNP: Declaración y No Pago) dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se devengaron las respectivas remuneraciones.
En caso de no realizar el pago o declaración de cotizaciones previsionales en el plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente, para acreditar la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones debido al término o suspensión de la relación laboral. Las Administradoras deberán agotar las gestiones para aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas. Transcurrido el plazo anterior, sin que el empleador haya acreditado la extinción, se presumirá para efectos de que las AFP inicien las gestiones de cobranza, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.
No obstante lo anterior, los empleadores que no paguen las cotizaciones, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. En cambio, los que hayan pagado oportunamente en los últimos 24 meses, tendrán prioridad en el otorgamiento de los recursos señalados.
Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,75 U.F. por cada trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Si la declaración fuera incompleta o errónea y no existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el empleador o la entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones respectivas.
La Superintendencia de Pensiones, emite periódicamente una Circular que incluye una tabla de reajustes e intereses penales aplicable a las cotizaciones que se cancelen con retraso.
El doble de lo que anualmente reportaría la reforma tributaria ya en debate es lo que deben los empleadores morosos en pagos previsionales a los trabajadores chilenos.
Son $800 mil 877 millones (unos US$ 1.800 millones) a marzo de este año , según la Superintendencia de Pensiones, y el monto sigue creciendo a una tasa inquietante.
Crece porque siempre hay nuevos casos de empleadores que descuentan la cotización de AFP de los sueldos y no las pagan a las instituciones, pero crece más aún porque existe un gran monto de arrastre que suma reajustes, intereses y multas.
“La Segunda Sábado” investigó en este problema, que afecta a los ingresos de los futuros jubilados, y detectó, por ejemplo, que en sólo 5 meses -entre octubre de 2010 y marzo de 2011- el incremento fue de US$ 300 millones, US$ 257 de los cuales sólo corresponden a intereses de ese período. Esto, pues, según los datos de la Asociación de AFP, mientras la deuda nominal (original) aumentaba sólo US$ 43 millones -de US$ 306 millones a US$ 349- entre octubre de 2010 y marzo de 2011, la deuda total lo hacía desde US$ 1.288 millones a US$ 1.590 millones.
Para la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se trata de una “deuda fantasma”: “Hay una masa enorme de deudas muy antiguas, de empresas que ya no existen y no hay a quién cobrarle. Y esto crece y crece. La deuda es absolutamente incobrable. No hay nada que hacer, nada. Los trabajadores han perdido dinero” , sentencia indignada. (ver recuadro).
Cómo se llegó a esto
Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP, coincide en que, efectivamente, un alto porcentaje de este monto corresponde a deudas muy antiguas.
Y explica: “La legislación previsional otorga a los empleadores la posibilidad de que, al momento de pagar las cotizaciones previsionales, puedan declarar y no pagar bajo el compromiso de que en el futuro lo van a hacer. Este es un tema que está vigente desde 1982, año en que se incorporó esta norma para ayudar a los empleadores a sortear sus obligaciones en el contexto de la crisis”.
El mecanismo, conocido como DNP, permite diferir el pago por un tiempo máximo de seis meses, a partir del cual las AFP están obligadas a ir a tribunales para cobrar.
“Entonces, esta deuda es la acumulación, con intereses y reajustes, del DNP que no se ha podido recuperar en todo este tiempo… La cifra se ve grande porque aquellas deudas que se hicieron al inicio del sistema están abultadas respecto de su monto original”.
Fuentes insiste, eso sí, en que “estos registros no se pueden eliminar, porque se trata de dineros que les pertenecen a los trabajadores y son importantes para ellos”.
Y, además, difiere de que se trate de una deuda incobrable: “Toda la deuda previsional histórica, toda, está entregada a los tribunales de justicia. Las AFP por obligación legal tienen que demandar y todo está en la justicia. Todo es cobrable porque todo está con juicio”.
Entrega otro dato: Históricamente, las administradoras han efectuado cerca de 2 millones de juicios y en la actualidad están vigentes aproximadamente 900 mil.
-Pero, independiente de que estén en juicio, en tribunales, ¿de verdad se está recuperando esa plata tan antigua?
-Los datos que tenemos es que el 40% de esta deuda histórica tiene una antigüedad inferior a cinco años y de ellas hay recuperación. El otro 60% está con juicios que son del 82 en adelante y ahí se puede, pero es más difícil porque los tribunales no han podido encontrar a los empleadores para ejercer las acciones de apremio y también, aunque es menor, hay empresas que han quebrado. Se calcula que no son menos de 4 mil las empresas que registran deudas y han quebrado en todos estos años.
US$ 10 millones anuales en cobranza
De acuerdo a las estadísticas de la Asociación de AFP, cerca del 90% de los empleadores que efectuaron DNP pagan su deuda en los primeros 12 meses.
Un gran porcentaje de ellos, cerca del 70%, antes de los seis primeros, en la etapa prejudicial, con llamados telefónicos y correos recordando su obligación. Otro más pequeño se paga durante el juicio.
En todas esas tareas de cobranza, las administradoras gastan unos US$ 10 millones al año, dice el gerente de estudios de la asociación gremial.
-Esta deuda de arrastre, ¿está asumida dónde por las AFP?, ¿dónde está registrada?
-En las Fecus del Fondo de Pensiones. En los activos tienes todas las inversiones y en los pasivos tienes las cuentas individuales de todos los dueños de esas platas. Todo este tema de las DNP, los derechos en los procesos de cobranza, están en los estados financieros de los fondos de pensiones. Hay una separación patrimonial, no se mezclan los recursos.
-Si esta deuda de arrastre, por un milagro se sanea, ¿en 30 años más vamos a estar con el mismo problema?… Porque siempre queda un grupo de empleadores que no va pagando.
-Primero, hay que poner en perspectiva cuánto del total de fondos que manejan las AFP representa esta deuda y que estamos hablando de 10 millones de afiliados. Ahora, ha habido un perfeccionamiento de las normas de cobranza y además está la creación de los tribunales laborales, donde hay una cantidad de juicios muy significativa.
En definitiva, se ha agilizado y perfeccionado el mecanismo de cobranza.
Y también se han incorporado incentivos: aquellas empresas que tienen problemas no pueden ser proveedoras del Estado hasta que las saneen. O, como las empresas grandes son solidarias de la deuda que tengan los contratistas con sus trabajadores, las primeras muchas veces no pagan sus servicios si las segundas no tienen al día las cotizaciones.
Cuando el cobro se hace en tribunales
Ya con los tribunales del Trabajo funcionando en todo el país a fines de 2009, con juzgados especialmente dedicados a la cobranza laboral y previsional, la cosa empezó a agilizarse.
Estadísticas del Poder Judicial señalan que entre 2006 (que comenzó a implementarse el sistema) y el año 2011 , han ingresado en total 807 mil demandas por estas materias, siendo unos US$ 440 millones los que se han cobrado por esta vía, sin incluir reajustes.
La cifra incluye las deudas por cotizaciones en AFP, isapres, cajas de compensación, mutuales, fondo de cesantía, ex INP y Fonasa.
En cuanto a evolución, se puede decir que el número de juicios por no pago de cotizaciones el 2010 fue de 160 mil 787 causas iniciadas, con $58 mil 465 millones (US$ 116 millones); y el 2011 creció a 242 mil 931, con un monto de $68 mil millones (US$ 136 millones).
Según datos del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago aportados a la Corte de Apelaciones, la mitad de las causas se cierran en un año. Términos que están dados, ya sea porque la institución demandante retiró la presentación al darse cuenta que la deuda no existía, porque el empleador pagó o porque, mediante la retención de impuestos o embargos, se logró recaudar el monto en favor del trabajador.
¿Qué mecanismos existen para generar el pago? Como primera medida, la retención de cualquier monto de devolución de impuestos. Luego, en algunos casos, con la requisición.
-¿Sirve el embargo de bienes?
-Es muy ineficaz, lento, engorroso, y es mínimo el nivel de recupero de plata. También se puede decretar un apremio de arresto del deudor para el solo efecto de que pague, cuenta el juez del Trabajo de Santiago, Alvaro Flores.
En algunos casos, muy pocos, los antecedentes se traspasan a los juzgados de Garantía para que se persiga el delito de “apropiación indebida”.
“Eso está en la ley y los jueces de manera generalizada no lo hacen. La norma está en desuso y el asunto es grave, porque no es una facultad del juez, sino una obligación… Y en el Ministerio Público normalmente estas causas son tramitadas y se lleva a cabo la formalización”, agrega el magistrado Flores.
Propuesta de embargo online
El mismo, cuando era competente en temas de cobranza, llevó a investigación penal un caso en que el deudor fue formalizado por apropiarse de dineros de sus trabajadores.
“Operó así la máxima amenaza del derecho: la amenaza penal. Y, lejos de ir a la cárcel, los deudores pagaban llegando a acuerdos reparatorios aprobados por el juez de Garantía”. O sea, pagaban.
-¿Cómo se puede mejorar el sistema?
-Hay una norma muy exitosa y que se está discutiendo en algunos foros. Se llama embargo online, la crearon los jueces brasileros y el 2005 se transformó en ley ahí. El juez posee una clave exclusiva entregada por la Superintendencia de Instituciones Bancarias y Financieras que le permite despachar una orden de embargo online a todo el sistema financiero donde pueda ubicarse dinero del deudor. El sistema permite el rastreo instantáneo, ubica la suma y la pone a disposición del tribunal al día siguiente. Aplicado a Chile, si el juez despachara una orden de ese tipo en Punta Arenas al día siguiente podría estar embargado. Chile tiene la tecnología para eso. Introduciría eficacia y simplificaría la burocracia de la cobranza.
Piden que Gobierno asuma el problema
Una buena parte de la deuda previsional total corresponde a pagos que no hicieron pequeñas y medianas empresas. Se calcula que la proporción llega al 70%.
Desde la dirigencia gremial de ese grupo piden que el Estado se haga cargo. “La mayor parte de esta deuda es una cola histórica, son deudas muy antiguas. Hay que buscar una solución, el Gobierno tiene que hacerse cargo, porque esto va a repercutir en el largo plazo: al final, el Estado va a tener que responder con las pensiones que se pagan para las personas que no tienen ingresos, porque van a haber miles y miles de personas que no van a tener recursos para jubilar”, dice el presidente de la Conapyme, Juan Araya.
-¿Por qué las Pymes aparecen con este mayor porcentaje de la deuda?
-Porque esto es un círculo vicioso. Si la empresa grande al pyme no le paga, casi siempre se arriesga a la quiebra. Por eso, hay que buscar una solución ya. Hay que sentarse con un equipo creativo y buscar los recursos para que la gente pueda pagar.
Similar visión tienen en la Central Unitaria de Trabajadores. Ana María Muñoz, consejera nacional de la CUT y miembro de la comisión de pensiones del organismo gremial, coincide en la necesidad de que el Estado asuma el problema.
“Efectivamente, hay empresas que desaparecieron, los empresarios ya huyeron. Pero hay otras que subsisten y sus dueños reconocen la deuda, pero no tienen forma de pagar, porque esto va generando unos intereses muy grandes y les es imposible hacerse cargo de ellos. Creemos que se necesitaría un trato especial, para que los trabajadores recuperen al menos una parte. No es posible que el trabajador quede tan desprotegido”, comenta.

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