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NACIONAL: Elementos para un balance del movimiento estudiantil durante el gobierno de la Nueva Mayoría1

El escenario político que se configura post-ingreso del proyecto de ley de reforma de educación superior por parte del gobierno sin duda pone al movimiento estudiantil ante uno de los más grandes desafíos que le ha tocado enfrentar en sus años de historia reciente. Para enfrentar dicho escenario, la herramienta más poderosa de la cual disponen los estudiantes es, justamente, la propia experiencia acumulada del movimiento estudiantil. A continuación, se presentarán algunos elementos de balance de lo que ha sido el movimiento en los años del gobierno de la Nueva Mayoría, con el objetivo de contribuir al debate estratégico y programático que los estudiantes deben dar en los próximos días.

El programa estudiantil frente a la Nueva Mayoría

Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 constituyeron una violenta irrupción por parte de los estudiantes como actor político en la escena nacional. La fuerza del movimiento estudiantil, inédita en los años post-dictadura en nuestro país, le permitió consolidarse como uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de incidencia en la discusión política nacional, dinamizando con ello el proceso de rearticulación y de organización de amplias franjas del pueblo. Sin embargo, la posición de fuerza construida por los estudiantes no se tradujo en un triunfo político durante ese año ni los años siguientes, con lo cual las movilizaciones estudiantiles continuaron en los años sucesivos, con avances y retrocesos y adquiriendo grados mayores de desarrollo político en su interior.

El año 2014, con la llegada del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el panorama cambiaría radicalmente para los estudiantes. El gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente contrario a las reivindicaciones estudiantiles, había sido un interlocutor fácil de enfrentar, en tanto la contraposición de intereses era tan clara que no era necesario un desarrollo programático demasiado sustantivo para seguir haciéndole sentido a la mayoría de Chile como movimiento estudiantil. La Nueva Mayoría, en cambio, llegaba al gobierno con un discurso que, al menos en principio, parecía favorable a los intereses estudiantiles, además de contar con el apoyo explícito de ciertos sectores políticos del movimiento estudiantil y con la presencia de varios ex-dirigentes en sus filas.

Lo cierto es que la concordancia programática con los estudiantes que el gobierno anunció en su arribo a la Moneda distaba mucho de la realidad. No pasó mucho tiempo antes de que los estudiantes nos diéramos cuenta de que la voluntad política del gobierno coincidía con el

1 Fernando Quintana, Concejero FECH.

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mantenimiento del modelo actual en materia de educación, y las “concordancias” programáticas correspondían apenas a las concesiones mínimas que era necesario hacer para poder procesar las demandas de los estudiantes sin tocar los pilares esenciales de la educación de mercado.

Así, un elemento central de la estrategia del gobierno ha sido la cooptación programática, es decir, difuminar la contraposición de intereses existente entre las demandas estudiantiles y los de aquellos sectores a quienes la Nueva Mayoría representa. Lo anterior obligó a los estudiantes a profundizar su programa en miras a evidenciar y agudizar la contraposición de intereses entre los estudiantes y los empresarios de la educación, amparados por el gobierno.

Sin embargo, dicho proceso de profundización programática no tuvo los mejores resultados. Si bien es cierto que hubo un avance cualitativo en el desarrollo y la maduración del programa del movimiento estudiantil, existieron al menos tres problemas considerables. En primer lugar, hubo discusiones que no pudieron resolverse de manera clara, y que en definitiva no permitieron agudizar la contraposición política con el gobierno. Es el caso del problema del financiamiento estatal y las instituciones que debiesen recibirlo.

En segundo lugar, la discusión programática no asumió una perspectiva multisectorial clara, lo que hubiera implicado un fortalecimiento conjunto de la posición de los estudiantes y de los distintos sectores del pueblo que se han venido levantando en la lucha por sus intereses, tales como los movimientos de defensa por los territorios o las movilizaciones de distintos sectores de trabajadores a lo largo de Chile.

Por último, la discusión programática se dio en torno a la agenda política del gobierno, lo cual impidió la consolidación de un proyecto educativo popular en términos estructurales. Esta es, sin duda, una de las causas de que la iniciativa política no volviera a estar en manos de los estudiantes, perteneciéndole desde entonces mayoritariamente al gobierno.

Dividir para gobernar

El mundo educativo, y por ende la crisis del modelo de educación en Chile, es un todo complejo dentro del cual los estudiantes, y en mayor medida los estudiantes representados por el Confech, son sólo una parte. El conjunto de los actores movilizados exigiendo respuestas en materia de educación abarca también a los secundarios, a los docentes y a los trabajadores de la educación, cada uno con sus respectivas formas de organización.

Dicha diversidad de actores, y por ende de reivindicaciones, era a la vez una potencialidad y un peligro para el movimiento estudiantil. Era una potencialidad, en tanto una articulación sólida entre los distintos programas de los actores del mundo educativo hubiera implicado mayores posiciones de fuerza en la movilización, poniendo al gobierno en la posición de no poder resolver el conflicto educacional a menos que fuese en su conjunto, de manera estructural. Pero era un peligro, en tanto grados insuficientes de articulación entre ellos permitiría al gobierno enfrentar el conflicto educacional de manera parcelada, dividiendo a los actores y desmejorando enormemente la posición de fuerza de cada uno.

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Lamentablemente, esta última posibilidad fue la que se convirtió en realidad y constituye uno de los más grandes fracasos del movimiento estudiantil.

En efecto, no se logró articular programáticamente a los distintos actores del mundo educativo, sino que dicha articulación se limitó a algunas coordinaciones para convocar a movilizaciones y puntos de prensa en conjunto. Las movilizaciones del gremio docente del 2015 pasaron por el lado del Confech, cuyas dirigencias no impulsaron procesos de unidad programática con dicho movimiento, aunque es indudable que también le cabe una cuota importante de responsabilidad por dicha ausencia a la conducción del PC a través de Jaime Gajardo. Por otro lado, y en gran parte debido a la crisis de representación del movimiento secundario, tampoco existió una articulación programática sólida con dicho actor.

El resultado de lo anterior, palpable al día de hoy, es que la reforma a la educación secundaria y la reforma de la carrera docente ya están en buena medida consolidadas, lo cual implica un factor de desmovilización para dichos actores. De esta manera, los estudiantes universitarios se encuentran más bien aislados para este 2016, donde el gobierno ya ha anunciado que será el año de la reforma en educación superior.

El movimiento estudiantil y los tiempos del gobierno

Por último, un balance de estos años debe incorporar una perspectiva crítica sobre las definiciones estratégicas impulsadas por las fuerzas políticas que tienen la conducción del Confech. Dichas definiciones estratégicas, a grandes rasgos, pueden ser caracterizadas bajo el rótulo de la colegislación. La colegislación implica una opción por asumir al movimiento social como un actor cuya tarea fundamental es incidir en el proceso legislativo, por medio de la presencia en las instancias que el gobierno acceda a abrir para ello (mesas pre-legislativas, diálogos ciudadanos, etc.). La movilización, en ese sentido, es un medio orientado a obtener una posición de fuerza que permita que dicha incidencia sea lo más efectiva posible.

Una consecuencia práctica de la tesis de la colegislación es que termina por subordinar al movimiento social a los tiempos del gobierno, lo cual en definitiva le da a éste último una posición de maniobrar con bastante holgura respecto a los estudiantes y en último término merma su fuerza movilizadora. La Nueva Mayoría, aprovechando lo anterior, ha optado por una posición semejante a una guerra de desgaste, usando a su favor los tiempos políticos para enfrentar de manera parcelada el conflicto educacional, como se dijo más arriba, y para diluir el conflicto de la educación superior, lo que se ha traducido en los anuncios contradictorios que se suceden unos a otros, los amagues de presentación de proyectos de ley, las constantes demoras en los tiempos anunciados, entre otros.

El conflicto que el Tribunal Constitucional zanjó de manera adversa para el gobierno en torno a la gratuidad vía glosa presupuestaria debe ser analizado desde este punto de vista. No es que el Tribunal Constitucional haya sido una muralla inesperada para el gobierno en la cual chocaron sorpresivamente sus buenas intenciones de reforma. Todo lo contrario, el Tribunal Constitucional es uno más de varios mecanismos en torno a los cuales está estructurado

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nuestro sistema político, cuyo objetivo es contener e impedir toda posibilidad de cambio. De esta manera, la subordinación a los tiempos del gobierno, que pone en sus manos la iniciativa política en torno a la reforma educacional, terminó con las discusiones políticas sustantivas dándose en espacios donde los estudiantes no tenemos mayores posibilidades de ganar. Pecan de ingenuos quienes ven en el Tribunal Constitucional y no en el gobierno los límites para la gratuidad en los términos que los estudiantes la han exigido.

Proyecciones para el año de la reforma

Luego de meses de anuncios y postergaciones del ingreso del proyecto, en lo que evidentemente constituyó una estrategia del gobierno de apostar al desgaste del movimiento estudiantil, finalmente fue ingresado el proyecto de ley de la reforma a la educación superior. Dicho proyecto de ley, en una constatación que a nadie debería sorprender, no responde a la necesidad de cambios estructurales que los estudiantes llevamos años planteando, sino a los perfeccionamientos que el modelo actual necesita para poder seguir vigente.

Frente al ingreso del proyecto, algunas corrientes dentro del movimiento han señalado que nuestra tarea en este escenario es incidir en el proyecto del gobierno, para ganar una reforma educacional en los mejores términos posibles. Esa incidencia se traduciría en volcar la fuerza de la movilización estudiantil en los espacios de la institucionalidad, ya sea haciendo lobby, negociando o presentando indicaciones al proyecto de ley a través de los parlamentarios de la bancada estudiantil. Dicha posición parte de la premisa de que el parlamento es un espacio de disputa, donde los estudiantes podemos ganar una reforma en nuestros términos o, al menos, lo más parecido a ellos que se pueda.

Resulta evidente el problema de semejante posición. El parlamento, cuna de corruptos que han demostrado responder a un interés antagónico al interés de la mayoría del pueblo, es un espacio estructuralmente incapaz de producir transformaciones en favor del pueblo de Chile. En ese contexto, entregarle la legitimidad de nuestra participación a un proyecto de dichas características a cambio de lo poco y nada que podremos obtener, es un intercambio tremendamente desfavorable para los estudiantes, pues en esas condiciones la eventual aprobación de la reforma a la educación superior va podría constituir un cierre efectivo del conflicto educacional aunque no se hayan satisfecho los intereses de los estudiantes.

La tarea del movimiento estudiantil para este año 2016 debe ser construir la mayor posición de fuerza posible en rechazo de la reforma de educación superior del gobierno, y exigiendo los cambios estructurales que la educación pública necesita por medio de una contrapropuesta popular de reforma a la educación superior. Dicha propuesta debe servir no sólo para demarcar la posición de los estudiantes frente a la del gobierno, sino también para aglutinar a la mayor franja de pueblo posible en torno a la lucha contra la reforma del gobierno.

Para construir dicha posición de fuerza, los estudiantes deben poner sus énfasis programáticos en aquellos elementos que evidencian con mayor agudeza la contraposición de modelos y proyectos educativos con el gobierno: 1) La expulsión de la banca privada de la educación, lo cual se traduce fundamentalmente en las discusiones sobre los mecanismos

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y criterios para el financiamiento de las instituciones de educación superior y la exigencia de condonación de la deuda educativa y; 2) La comprensión de la educación pública como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, lo cual se traduce en la discusión sobre el marco general de un sistema nacional de educación pública vinculado a una estrategia nacional de desarrollo, la ampliación de la matrícula en instituciones públicas y qué hacer con los planteles educativos que incurren en lucro.

Por otro lado, para construir dicha posición de fuerza, la elaboración programática y táctica de los estudiantes en torno a la contrapropuesta y el plan de movilización que le dé sustento debe ser realizada en conjunto con la mayor cantidad de actores sociales posible. Dentro de dicho conjunto, los trabajadores de la educación deben jugar un papel fundamental, pues durante estos años ya han dado muestras de ser el principal aliado estratégico para el movimiento estudiantil.

INTERNACIONAL: Golpe de Estado en Turquía: ¿Regreso del Sultanato?2

Todos los titulares este fin de semana hacían referencia al intento de Golpe Estado en Turquía. La madrugada del sábado, los golpistas no identificados hasta entonces tomaban el puente del Bósforo (que une a Europa con Asia), bombardeaban el Parlamento y otras instituciones leales al Presidente y se desplegaban en las principales ciudades de Turquía (Ankara, la capital, y Estambul, la ciudad más poblada). El Primer Ministro anunciaba a los pocos minutos que se trataría de un golpe de Estado impulsado por un sector reducido del Ejército, pero que fracasaría. Minutos más tarde, Erdogan, Presidente de Turquía, llamaría (vía FaceTime transmitido por la TV) al “pueblo” a manifestarse en las calles para resistir el golpe de Estado. Luego de un intento fracasado de refugiarse en Alemania, aterrizaría en Irán para regresar a la ciudad de Estambul, de la cual había sido Alcalde en los años 90, y le permitiría asumir el control sobre la situación.

En la mañana del sábado el intento de golpe ya se encontraba fracasado. Este fracaso se atribuiría a distintas razones. Algunos dirían que el golpe no incluía a altos mandos del Ejército y sólo sería un sector minoritario. Otros dirían que las movilizaciones populares en las calles impidieron el golpe, fracasando la visión de los golpistas quienes habrían estimado que el pueblo se rebelaría en contra de Erdogan. Otros dirían que los militares no habrían estados decididos a realizar el golpe e inclusive que se trataría de un “auto-golpe”. Lo cierto es que el golpe terminó con alrededor de 300 muertos y por el momento van más de 2.800 militares detenidos y más de 2.700 jueces y fiscales destituidos. Aún no se sabe con certeza quienes fueron los golpistas, pero sin duda será un “golpe de Dios” para Erdogan, quien podrá purgar a los golpistas y no golpistas críticos de su Gobierno del Ejército y de otras instituciones, continuando con su gobierno autoritario.

¿Cómo se llegó a esta crisis?

2 Javier Pineda, Militante FAS.

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Mucho se ha hablado del Ejército Turco como baluarte de los valores de republicanismo y secularización, herencia que tendrían desde los tiempos de Mustafa Kemal – llamado “Ataturk” o “Padre de la Patria” – quien sería el líder del Movimiento Nacional Turco posterior a la Primera Guerra Mundial. La derrota del Imperio Otomano en este conflicto conllevó su fin a los años después, siendo en 1922 la abolición del Sultanato (poder político) y en 1924 la abolición del Califato (poder religioso), lo cual eliminaría la unión institucional entre la religión Islámica y el poder político dando nacimiento a la República de Turquía, caracterizada como una república democrática, secular, unitaria y constitucional. Su primer Presidente sería Ataturk, quien gobernaría hasta 1938. Este nacionalismo y secularismo serían el legado más duradero transmitido al Ejército, el cual no dudaría en usar las armas para “defenderlo”, tal como se argumentó en los golpes de Estado realizados en los años

1960, 1971, 1980 y 1997. Este legado también sería argumento para la invasión a Chipre en 1974, que dio origen a la República Turca del Norte de Chipre (conflicto internacional que sigue hasta nuestros días), y en la negación sistemática de los derechos de autodeterminación del pueblo kurdo desde la creación de la República de Turquía, cuando se le negó al pueblo kurdo constituirse como Estado-Nación (Kurdistán) y se le obligó a quedar sometidos a los dictados de las autoridades de Irak, Irán, Siria y Turquía. Hoy en día son más de 20 millones de habitaciones y representan aproximadamente un 28 por ciento de la población kurda, constituyendo su lucha por la liberación y el confederalismo democrático el mayor problema político que enfrenta el Gobierno de Erdogan.

En 1952, dado su rol geopolítico, Turquía sería invitado a ser parte de la OTAN y permanecer en la esfera de influencia norteamericana. Dada su cercanía con la URSS tendría un rol clave en el periodo de la denominada Guerra Fría. A pesar de la fuerza progresiva que irían adquiriendo los sectores islamistas en la sociedad turca después de la caída del muro de Berlín, sólo consolidarían su posición política a principios del siglo XXI, con el triunfo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) creado en 2001 a partir de escisiones de varios partidos islamistas. Este partido político de tendencia islamista conservadora y perteneciente al ala de la “centroderecha europea”, liderada por los Partidos Demócrata Cristianos, tendría como líder al actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El primer triunfo del AKP sería en las elecciones legislativas del año 2002, obteniendo 363 de 500 escaños en la Gran Asamblea Nacional Turca gracias al 34,28% de los votos. Este triunfo le permitió a Erdogan ser investido como Primer Ministro y consolidar los acercamientos de sus predecesores con la Unión Europea, iniciando su proceso de adhesión en 2005. Asimismo, mantuvo las políticas neoliberales que se venían instaurando en Turquía desde años anteriores. Esto se denominó como la “neoliberalización islámica” de Turquía.

El régimen constitucional de Turquía se arrastra desde 1982, elaborada por los militares golpistas de 1980. En esta se consagra una República Parlamentaria, en la cual la mayoría de las atribuciones recae sobre el Parlamento y el Poder Judicial tiene un activo rol. El sistema electoral privilegia la representación de los grandes partidos, excluyendo a las minorías políticas que obtengan menos de un 10 por ciento de los votos.

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En las elecciones legislativas de 2007 el AKP, partido de Erdogan, bajaría a 341 sus escaños, sin embargo, obtendría 16 millones de votos (6 millones más que en las últimas elecciones) y alcanzaría un 46,58% del total de los votos. Este crecimiento en el apoyo electoral sería aprovechado por Erdogan – quien entonces continuaba como Primer Ministro – para realizar un referéndum constitucional que buscaba cambiar la Constitución de 1980. Estas reformas constitucionales tendrían como puntos principales las modificaciones al Poder Judicial (participación del Parlamento en el nombramiento de los jueces) y recortes a los privilegios de los militares (pasarían a ser juzgados por Tribunales Civiles). El sí a la reforma constitucional tendría un 58% de apoyo de los turcos, lo cual reforzaría la posición política de Erdogan de socavar el poderío del Ejército. Esta reforma sería apoyada por los islamistas, rechazada por los sectores militares y boicoteada por los sectores pro-kurdos quienes no se encontraban representados dentro de las políticas impulsadas por la reforma constitucional.

El apoyo al AKP y a Erdogan comenzó a disminuir luego de la Guerra Civil Siria y las Primaveras Árabes en 2011. El autoritarismo político de Erdogan se ha expresado en la represión al movimiento popular turco y a la población kurda, prisiones políticas, criminalización de la protesta y encarcelamiento y censura de periodistas. En 2013 esta política autoritaria se exacerbaría con las movilizaciones populares que comenzaron en la plaza de Taksim, en Estambul, una de las únicas áreas verdes de la ciudad que Erdogan quería arrasar para construir un cuartel militar y un Mall. Este año también rompería con su aliado islamista radical, Fetullah Gülen, quien ante los casos de corrupción destapados al interior de la administración de Erdogan, conformaría su propia fuerza política desde su autoexilio en Estados Unidos, concitando grandes niveles de apoyo en el sector judicial y en el Ejército. Esta fuerza política de XX ha sido sindicada como la responsable del reciente intento de Golpe de Estado mediante sus redes denominadas como el “Estado Paralelo”.

Mientras el autoritarismo a su población aumentaba, su participación internacional también lo hacía. Mientras la “Comunidad Internacional” llamaba a combatir al ISIS, a Turquía se le señalaba como un financista y proveedor de armas de los terroristas. En 2015 se vieron obligados a declararle la Guerra al ISIS, sin embargo, todos los ataques que han justificado como ataques al ISIS han sido propinados a zonas kurdas, quienes han sido el principal bastión de resistencia al avance del ISIS en la zona. Este año también fracasaron las tentativas de paz con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK,) y desde ese momento Erdogan intensificaría sus ataques en contra de la población kurda.

Asimismo, los “atentados terroristas” que ha sufrido Turquía han sido dirigidos en contra del movimiento de liberación kurda (atentados de Amed con 4 muertos; Pirsus con 33 muertos; y en Ankara en el contexto de una movilización por la paz y contra la guerra del Estado turco en contra de los kurdos que dejó más 128 muertos). Erdogan y el AKP sacaron provecho de esta situación, y como lobo vestido de oveja, arroparon su autoritarismo en contra de sus críticos como una lucha contra el “terrorismo” y defensa de la democracia.

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Bajo este discurso en contra del “terrorismo” y por la mantención del orden, seguridad y la unidad de Turquía, Erdogan se presentaría como candidato a Presidente de la República en 2014. En estas elecciones triunfaría con un 51.79 por ciento y sería el Primer Presidente electo mediante sufragio universal, pues antes eran elegidos por la Gran Asamblea Nacional Turca. Esta victoria le permitiría avanzar en su reforma constitucional que tiene por objeto fortalecer las atribuciones presidenciales.

Las actitudes autoritarias de Erdogan sólo se acrecentarían en los próximos años. La lucha del movimiento rebelde Kurdo y sus victorias en contra del ISIS y su creciente apoyo popular han agrietado políticamente al régimen del AKP. Asimismo, las movilizaciones del movimiento popular turco también han aumentado en las grandes ciudades de Turquía. Las elecciones de 2015 fueron síntoma de dicha pérdida de hegemonía de Erdogan.

Por primera vez desde los años 2000, el AKP no conseguiría la mayoría absoluta de la Gran Asamblea Legislativa Turca. Además, por primera vez irrumpiría en el Parlamento una fuerza política pro-kurda, el Partido Democrático del Pueblo (HDP), quienes superaron el umbral del 10 por ciento de los votos, obteniendo 80 escaños. Esto obligó a Erdogan a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones en diciembre, que bajo un discurso del miedo y de persecución y hostigamiento a los militantes del HDP (y no exenta de fraude electoral, según reclaman), logró aumentar a 316 escaños, lo cual le permitió formar gobierno.

A pesar de las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidos por el Gobierno Turco, la Unión Europea guarda silencio. Turquía se ha transformado en un parche para enfrentar la “crisis de los refugiados”, pues a cambio de 6 mil millones de euros y de una promesa de ingresar a la Unión Europea, está recibiendo a los inmigrantes que Europa no quiere recibir. Mientras esta situación se mantenga, la Comunidad Internacional seguirá siendo cómplice de Erdogan. A esto se suma el reciente apoyo que pueden tener de Rusia luego de pedirles disculpas por derribarles un avión en Siria y el restablecimiento de relaciones con Israel, luego de haberlas interrumpido en 2005, rompiendo con la tradición de apoyo de Turquía a Israel que se remonta desde el reconocimiento de este último en 1949.

¿Y qué hay después del golpe?

El golpe de Estado realizado la semana pasada es un síntoma de la crisis política que vive Turquía. Un movimiento popular kurdo y turco en alza; un sector militarista laico en contra de la progresiva islamización de la sociedad y un rechazo a las políticas de apoyo al ISIS y a la Guerra Civil en Siria.

Aún no existe un responsable claro del Golpe de Estado. Algunos apuntaban a las fuerzas militaristas secularistas quienes pretendían mantener el Estado Laico y Autoritario instaurado por Ataturk, mientras que Erdogan y el AKP acusan como principal instigador del golpe a Fetullah Güllen y a un sector islamista neoliberal más radicalizado. Otros inclusive han dejado entrever que se trataría de un “auto-golpe”. Lo cierto es que todas las fuerzas

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institucionales con presencia en el Parlamento turco condenaron el golpe, incluyendo al Partido pro-kurdo y al Partido Republicano (herederos de Ataturk).

Más allá del responsable directo del Golpe, lo cierto es que Erdogan intentará llevar adelante su reforma constitucional en busca de mayores poderes como Presidente, considerando que puede reelegirse en 2019 por cinco años más. Asimismo, el discurso pro seguridad nacional y unidad de Turquía le hará extender las purgas no sólo para eliminar a los golpistas del Ejército y del Poder Judicial, sino también para intensificar su represión y prisión a los medios de comunicación, a sus críticos políticos y en especial, a las organizaciones del campo popular y al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Movimiento Unido Revolucionario de los Pueblos (HBDH), creado en marzo de 2016.

El conflicto actual no puede reducirse a una elección entre el autoritarismo islámico de Erdogan, quien busca transformarse en el nuevo Sultán (o Califa, considerando la islamización de la sociedad turca que ha impulsado) de Turquía y rememorar los tiempos del Imperio Otomano de concentración política y religiosa, y los resabios de autoritarismo laico de sectores del Ejército “herederos de Ataturk”. Ni entre el islamismo más “moderado” de Erdogan frente a un islamismo más “radical” (a lo menos más activo políticamente) de Fetullah Güllen. Ni golpistas ni fascistas electos “democráticamente”. Frente a una democracia de papel defendida para un Erdogan que busca aumentar su poder, el movimiento popular turco y kurdo debe consolidarse como una alternativa política que construye sin intrigas de golpe de Estado. Frente a la “crisis de Medio Oriente” y la crisis de los Estado-Nación, construidos durante el periodo de entreguerras mundiales, el Confederalismo Democrático toma fuerza como una alternativa política de los pueblos.

NACIONAL: ¡Y va a caer! Miles de trabajadores se movilizaron contra las AFP3

El diagnóstico es claro: el sistema de capitalización individual no está dando pensiones dignas después de una vida de trabajo. Así lo expresaron dirigentes y manifestantes de una movilización que va en aumento.

Casi un millón de personas marcharon contra las AFP a nivel nacional. En Santiago, la cifra bordeó los cien mil asistentes. El diagnóstico es claro: el sistema de capitalización individual no está dando pensiones dignas después de una vida de trabajo. Así lo expresaron dirigentes y manifestantes de una movilización que va en aumento.

“Chile despertó a esta suerte de abuso sostenido por tanto tiempo”, señaló Luis Mesina, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores No +AFP. El dirigente bancario relacionó el malestar con los casos recientes de financiamiento irregular de la política y con las pensiones

3 Felipe Menares. Publicado originalmente en El Ciudadano. Disponible en:

http://www.elciudadano.cl/2016/07/25/309231/y-va-a-caer-miles-de-trabajadores-se-movilizaron-contra-las-afp01/

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millonarias en Gendarmería. Además, apuntó a la lógica asimétrica generada a partir del modelo de las AFP.

“La semana pasada nos enteramos de algo brutal, que la ciudadanía debe saberlo. Mientras las pensiones siguen cayendo, 45 directores de las AFP se distribuyeron 30 mil millones de pesos”, comentó en entrevista con CNN Chile.

En relación a eventuales medidas para atenuar el problema de las pensiones en Chile, Mesina dijo que “no hay solución en el marco del actual sistema de pensiones”.

Una opinión similar manifestó el dirigente de la Confusam, Esteban Maturana, quien señaló tener “la convicción de que será muy difícil que la clase política reaccione como corresponde. Me imagino que habrán algunos discursos coincidiendo con nuestras opiniones, pero son voladores de luces, son ‘música para tratar de calmar a las fieras’, porque no van al tema de fondo, que es terminar con el modelo de AFP, para avanzar a uno de reparto solidario, sin fines de lucro y tripartito”.

“Esto se ha constituido en uno de los negocios más perversos que conoce la historia chilena, por cuanto enriquece a unos pocos, pero genera una situación previsional miserable para la gran mayoría de los ciudadanos”, agregó Maturana.

Leandro Torchio, dirigente del Comité Iniciativa por la Unidad Sindical, destacó el papel de la movilización social en el proceso que busca un cambio en el sistema previsional, porque a su juicio, “la vía institucional está destinada al fracaso. Son los mismos de siempre que, además, son financiados por las AFP. Aquí tiene que haber una presión social, para que puedan cambiar el sistema. Pretendemos que la gente se vea obligada a hacer los cambios”.

En la misma línea, Torchio comentó que el cuestionamiento al modelo de capitalización individual ha ido en aumento. “El tema de las AFP se veía lejano para la inmensa mayoría de los chilenos. A partir de la movilización de distintas organizaciones sociales, se fue creando una conciencia social, entonces, esto va creciendo y esperamos que se tome la agenda”, expresó.

 

NACIONAL: Subcontratación en las universidades: La lucha interna contra la precarización del trabajo y el “doble discurso”4

Tras la creciente movilización de sus estudiantes, la Universidad Central decidió hace unos días poner fin al subcontrato de sus trabajadoras del aseo. Más allá de casos de estatales como la UTEM y algunas facultades de la Universidad de Chile, fue una institución privada la que logró acabar con un régimen que la Confech postula como contradictorio con el supuesto “rol público” de los establecimientos.

“Nosotros dijimos desde el principio de este proceso que el subcontrato se acababa en la Central sí o sí”, dice Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, casa de estudios que hace dos semanas, y tras la creciente presión de sus estudiantes, tomó finalmente la decisión de terminar con el régimen de subcontrato para alrededor de 118 trabajadoras y trabajadores del aseo.

Las quejas con este régimen – que según el Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE) Marzo-Mayo 2016 de la Fundación Sol agrupa a un 33,9% de los trabajadores del sector- han sido históricamente las mismas: Sueldos mínimos o incluso bajo el mínimo, no remuneración de horas extra, polifuncionalidad, escasez de espacios para siquiera comer o ducharse, rotación laboral arbitraria, supervisores abusivos, despidos injustificados o la desmesurada dificultad para organizarse sindicalmente.

“Cuando yo llegué acá, a los dos o tres días quería irme”, cuenta Bernarda Hernández, presidenta del Sindicato de Trabajadoras/es del Aseo de la Universidad Central. Asegura que en cuanto llegó vio que no contaban con los implementos mínimos para trabajar, que había que robarle escobillones a las compañeras para limpiar, fabricarse llaves para los dispensadores de papel confort y destapar los baños con las manos.

Además asegura que bajo el régimen del subcontrato tan solo una ausencia al trabajo les basta para que les descuenten $40 mil pesos del sueldo a pesar de tener licencia. “Así vengas con un certificado de la Presidenta de la República te lo descuentan igual”, bromea la trabajadora, y alega que los sueldos son el mínimo y que, con los $60 mil pesos que gasta solo en transporte cada mes, se le reduce de manera considerable. “Yo tengo compañeras acá que tienen tres o cuatro chicos, sin marido ni nada, y ahí estamos pidiéndonos plata prestada las unas a las otras para llegar a fin de mes”, dice.

Hernández también ironiza con su vestimenta, ya que los recurrentes cambios de nombre de la empresa contratista de la universidad han hecho que cada una de las prendas de su uniforme tenga un logo distinto. “Bueno ¿a qué empresa pertenezco?”, afirma haber preguntado en una de sus últimas reuniones.

4 Pablo Álvarez. Publicado originalmente en El Desconcierto: [http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/25/subcontratacion-en-la-universidades-la-lucha-interna-contra-la-precarizacion-del-trabajo-y-el-doble-discurso/]

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Las gestiones para terminar con el subcontrato en la U. Central, si bien se vienen dando desde 2011 –que incluso involucró una polémica por la expulsión de 37 estudiantes movilizados por la causa en 2013-, tuvo un trámite sorprendentemente rápido este año. Con actos solidarios los estudiantes fueron generando vínculos y organización con los trabajadores de modo que, cuando estalló la movilización de la universidad y de las privadas en general hace poco más de un mes, ya el sindicato de trabajadores estaba armado.

Durante la toma de la Central se negociaron puntos, como por ejemplo dejar que los trabajadores siguieran ejerciendo sus funciones durante ese período, a cambio de que los estudiantes permitieran que se realizaran los cursos de postgrado. En paralelo estuvieron los talleres de formación sindical. Hasta que llegó el momento de negociar.

“Llegamos el primer día a la negociación con un discurso más de guata. Se nos presentó una proyección respecto a los costos que tenía internalizar a los trabajadores. La universidad hablaba de alrededor de $500 millones anuales más, contemplando los tres edificios de acá más el de La Serena”, asegura Iturra.

Ante este escenario, los estudiantes no decayeron. Tomaron los datos que les pasaron y, en un ejercicio multidisciplinario con alumnos de ingeniería, derecho y más carreras, lograron armar una contrapropuesta que demostraba que la internalización no implicaba un gasto extra de $500 millones sino que de $80 millones.

La universidad, viendo la propuesta y además con la presión de una movilización de más de un mes encima, aceptó internalizar a los trabajadores desde finales de este año. “Se quedaron sin argumentos porque el tema de la plata era lo que más les complicaba. Pudimos demostrar que no es un tema de plata sino uno de voluntad, y que la universidad de verdad es capaz de crear un departamento de aseo y limpieza”, explica Iturra.

Por un alza de sueldo de $80 mil pesos de base más los beneficios que la universidad contempla, materialmente el aumento de sueldo que conllevaría esta medida doblaría el sueldo actual de las trabajadoras y trabajadores. Cuando les comunicaron la noticia, algunos lloraban de la emoción.

“Cuando los niños nos comunicaron esto, esta noticia era algo inimaginable, no nos creíamos el cuento y yo creo que todavía no aterrizamos bien” dice Hernández, y luego agrega: “Muchas veces nos dijeron ‘Nooo, ¿pero si cuántas veces los cabros han peleado esto y nunca lo han logrado?’ Yo no soy muy antigua, por lo que con que esto se haya logrado ahora me considero una bendecida”.

La dispar experiencia de las universidades estatales: los casos de la U. De Chile y la

USACH

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Lunes 25 de julio de 2016

“Una de las cosas que dejó el 2011 fue el cuestionarse no solo las condiciones económicas de la educación, como la gratuidad o el lucro, sino también el proyecto educativo. Y algo que empezó a ser de sentido común en el movimiento estudiantil es que no puede haber una universidad pública, o que se diga pública, que tenga a sus trabajadores en un régimen precario” dice Axel Gottschalk, miembro de la Corporación Jurídica 4 de Agosto –que ha realizado diversos estudios sobre subcontrato- y representante estudiantil de la Mesa de Condiciones Laborales de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).

Esa casa de estudios ha tenido en los últimos años una serie de movilizaciones internas para terminar con el subcontrato: luego de 2011 se creó la Secretaría del Trabajo de la Fech, que empezó a ver por primera ves estos temas; en la Facultad de Arquitectura de Urbanismo hubo en 2012 un paro que impidió que se desvinculara a 16 trabajadoras por un cambio de empresa contratista; y Beauchef, a pesar de no ser el campus más politizado, inauguró la primera Universidad Popular Patricio Manzano y realizó en 2015 junto a la Facultad de Ciencias Sociales un estudio que mostró las condiciones de los trabajadores externalizados en la universidad y planteó serias dudas sobre si era más eficiente este sistema.

“Nos dimos cuenta de que no existía un ahorro significativo para las facultades, por lo que la razón de que ‘era más económico’ no era tan así. Y también nos dimos cuenta de que el otro gran argumento, que era despreocuparse de un servicio, tampoco era tan así porque la universidad tenía que participar bastante en el proceso cotidiano de ese trabajo”, dice el sociólogo Giorgio Boccardo, director de la Fundación Nodo XXI y ex presidente de la Fech, que fue uno de los principales gestores del estudio, que también reveló datos como las enfermedades a las que se exponían los trabajadores por sobrecarga laboral y las sustanciales diferencias de salario entre hombres y mujeres.

“Esto en las universidades públicas no debería ocurrir. Ahora, la subcontratación en el Estado ha crecido exponencialmente. La tendencia general en los Ministerios, colegios, universidades, hospitales etc ha sido la externalización, lo que le da un golpe bien fuerte al sindicalismo”, dice Boccardo, quien también asegura que, si los estudiantes no hubiesen puesto el problema en el debate, esto no habría sido tema.

Sin embargo, la primera internalización no se dio por iniciativa de los estudiantes. El decano de Odontología, Jorge Gamonal, se convenció de que había que cambiar el régimen y él mismo hizo un estudio en la facultad para terminarlo. “Él mencionaba los ejemplos de que el portero de la facultad era subcontratado y le pedía al decano la credencial porque no lo conocía, de que en los laboratorios tiene que haber una cierta especialización en el lavado de los elementos químicos, en limpieza y orden. Como la gente siempre iba rotando por el subcontrato nunca podía producirse esa especialización. Y además la facultad estaba llenándose de demandas” dice Gottschalk.

Se logró internalizar a los trabajadores con la mejora sustancial en las remuneraciones –casi el doble- que eso conllevaba. La iniciativa fue replicada en parte del personal de Ingeniería, el campus Juan Gómez Millas y la escuela de Derecho. La Mesa de Condiciones Laborales

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–creada por la Fech de 2014 y en la que participan la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), el vicerrector económico en representación de rectoría, el Senado Universitario y la misma Fech- investigó durante un año y aprobó a finales de 2015 un informe que recomienda a los decanos internalizar a sus trabajadores. El informe debe ser aprobado en el próximo Consejo Universitario.

“Para los estudiantes es importante pelear contra el subcontrato, no solamente porque en esto se juegue nuestra solidaridad con los trabajadores con un discurso medio paternalista, sino que hay una cuestión política central. Lo que se está jugando es un modelo de educación, universidad y sociedad”, dice Gottschalk, quien también ha prestado ayuda al tratamiento del tema en la Usach, aunque asegura que en ese caso es más difícil por la cantidad de migrantes que hay.

La principal diferencia entre universidades privadas y públicas a la hora de contratar son las exigencias. Mientras las privadas pueden contratar a quien quieran, si las públicas quieren internalizar trabajadores tienen la traba de los requisitos de nacionalidad chilena y la escolaridad básica. Los estudiantes han apoyado este último punto a través de escuelas para que los trabajadores rindan sus exámenes, pero muchas veces no les da el tiempo para asistir a las clases.

Uno de los estudios más sólidos que se ha hecho a nivel de subcontrato en universidades es el que hizo la Fundación Sol sobre la Usach en 2014. Respecto a la migración, el estudio reveló que cerca de un 10% de los trabajadores subcontratados en la institución eran migrantes y que casi todos enviaban remesas a sus países. Esto además de otros datos que se repiten: salarios menores para mujeres, ausencia de duchas o lugar donde calentar comida y la ausencia de implementos de calidad.

Si bien en ese momento no existía ninguna clase de sindicalización en la Usach y la mayoría de los trabajadores declararon que era “por miedo a represalias”, actualmente a través de reuniones fuera de la universidad estudiantes y trabajadores y luego de un paro en mayo por el no pago de remuneraciones, se logró levantar el Sindicato de Aseo y Jardinería Usach, que actualmente tiene 250 afiliados.

El miedo tenía fundamento, ya que se empezaron a barajar tratos paralelos con los trabajadores para que no participaran del sindicato, hubo descuentos injustificados y la empresa incluso echó a la tesorera María Angélica Panes, ignorando el fuero sindical. Tuvo que ser reintegrada.

“Nosotros vemos una falta de compromiso con el supuesto rol social que cumple la universidad. Porque siempre ha tenido un rollo o discurso de estar apegada a las demandas de la sociedad. Hay un doble discurso, porque viendo otras experiencias, como en la Universidad de Chile o la UTEM, nos dimos cuenta de que esto pasa solamente por un tema de voluntad de cambiar un régimen que precariza el trabajo y no tiene ningún saldo positivo para las instituciones”, dicen a El Desconcierto desde el sindicato.

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La lista de subcontrataciones de la UC

Swan, Interservice, Domínguez y Domínguez, Fastem, Gatservice, Aseos

Express,Magochic, etc. La Universidad Católica tiene alrededor de 15 empresas contratistas de aseo asociadas, esto solo para servicios de aseo que, en un estudio de la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la UC de 2014, acapararó el 77% de los trabajadores subcontratados encuestados. Un 9% de los trabajadores jefes de hogar de la encuesta declaró tener un sueldo inferior a los $200 mil pesos en ese estudio.

Al igual que en los otros casos revisados, los problemas son similares. “Los principales problemas que tenemos son los espacios físicos para guardar materiales, maquinaria, comedores, vestidores. Hay algunas instalaciones dentro del Campus San Joaquín que son deplorables. En mi instalación yo tengo los líquidos, el confort, las escobas, los baldes y las máquinas en el mismo lugar en que almorzamos y tomamos once. Es pésimamente malo el espacio físico que nos da la Católica”, dice Estrella Cardemil, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Interservice.

“Como FEUC hemos asumido un compromiso irrestricto y permanente en nuestro trabajo con el área de trabajos sindical, subcontrato y condiciones laborales. Nos encontramos realizando un estudio externo de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, hemos impulsado un nuevo proyecto de nivelación académica y nos encontramos trabajando en nuevas alternativas de contratación, avanzando así en el fin de la subcontratación y en la articulación de una verdadera comunidad universitaria”, asegura la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la UC, Carla Ljubetic.

El estudio sobre condiciones laborales impulsado por la Feuc ha estado a cargo de la Fundación Nodo XXI y comenzó a realizarse a inicios del año académico. Según Giorgio Boccardo, los resultados probablemente estarán disponibles en septiembre.

No todos los trabajadores subcontratados de la UC realizan labores en la universidad. La Red de Salud UC-Christus Health también aplica esta figura con quienes realizan labores en el Hospital Clínico. Los trabajadores de la contratista Hospital Housekeeping Systems SpA Chile (HHS) impulsaron una propuesta de contrato colectivo el mes de mayo que demandaba bonos de $30 mil pesos para movilización y colación, $40 mil para bono de vacaciones, $20 mil por asistencia y $100 mil por término de conflicto.

La respuesta de la empresa llegó este mes y la única demanda que satisfacía por completo era la de asistencia. Para el resto de los bonos, la contrapuesta contemplaba un total de $69 mil pesos menos. Ante este escenario, el viernes el 95% de los trabajadores del Sindicato de HHS votaron irse a huelga, la que supuestamente partiría hoy. Sin embargo, este fin de semana la empresa hizo un último intento de evitar la huelga ofreciendo $20 mil pesos más para satisfacer por completo la demanda de bono de término de conflicto. La dirigencia del sindicato aceptó y no hubo huelga.

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Estos son algunos de los conflictos de la subcontratación en la UC, del que se tendrán más datos una vez salga el estudio de condiciones laborales. “¿Le gustaría pertenecer a la Católica?” fue una de las preguntas que Estrella Cardemil asegura que le hicieron para la investigación. Sin embargo, ella cree que fue una pregunta innecesaria: “Toda persona entrevistada seguramente dijo que nos gustaría por supuesto pertenecer a la Católica, por sus beneficios y garantías que no tienen nada que ver con nuestra empresa. Pero me hubiese gustado que estuviera en otras cosas el foco, porque que seamos de planta de la Católica no va a pasar nunca”.

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