Aurora Roja N°19

0
485

INTERNACIONAL. Elecciones en Venezuela: La Trampa1

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la inseguridad ciudadana.

Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias enseñanzas que creo necesario subrayar. En primer lugar que, contrariamente a todas las predicciones de los lenguaraces de la derecha, el comicio se realizó, al igual que todos los anteriores, de una manera impecable. No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex presidentes latinoamericanos, que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador de la contienda. Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una transparencia y honestidad del acto electoral que más quisieran tener muchos países dentro y fuera de América Latina, comenzando por Estados Unidos. El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales contrasta favorablemente con la actitud de la oposición, que en el pasado se empecinó en desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir de Washington, que al día de hoy no reconoce el triunfo de Maduro en las presidenciales del 2013. Unos son demócratas de verdad, los otros grandes simuladores.

Segundo, resaltar lo importante de que luego de casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de las durísimas condiciones prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión del cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria.

1 Atilio Borón, Sociólogo argentino.

Tercero, el resultado desplaza a la oposición de su postura facilista y de su frenético denuncialismo porque ahora, al contar con una holgada mayoría parlamentaria, tendrá corresponsabilidades en la gestión de la cosa pública. Ya no será sólo el gobierno el responsable de las dificultades que agobian a la ciudadanía. Esa responsabilidad será de ahora en más compartida.

Cuarto y último, una reflexión más de fondo. ¿Hasta qué punto se pueden organizar “elecciones libres” en las condiciones existentes en Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones generales en 1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a postergarlas hasta 1945. El argumento utilizado fue que el desquicio ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudiera ejercer su libertad de manera consciente y responsable. Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la vida cotidiana, entre ellos el de la obtención de los elementos indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía que impedían que esta ejerciera sus derechos en pleno goce de la libertad. ¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? No del todo. Hubo importantes similitudes. La Casa Blanca había declarado en Marzo que Venezuela era “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa nación sudamericana. Por otra parte, desde hacía muchos años Washington había destinado ingentes recursos financieros para “empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos liderazgos políticos, eufemismos que pretendían ocultar los planes injerencistas de la potencia hegemónica y sus afanes por derrocar al gobierno del presidente Maduro.

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la inseguridad ciudadana. Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores en la gestión macroeconómica del oficialismo y los estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó.

Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un documento reciente de Washington reconoce que “ha servido muy bien” a los intereses de

Estados Unidos, no ha sido igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia imperial, de su descarado intervencionismo y de sus siniestros proyectos autoritarios. Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del “orden mundial” actual que asiste impertérrito a una agresión no convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar a un gobierno satanizado como enemigo. Si esto sigue siendo aceptado por la comunidad internacional y sus órganos de gobernanza global, ¿qué país podrá garantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”? Por algo en los años setenta del siglo pasado los países del capitalismo avanzado bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la ONU que pretendía definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la intervención armada. Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países intentaron promover una definición que incluyese también la guerra económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezuela bolivariana, y fueron derrotados. Es hora de revisar ese asunto, si queremos que la maltrecha democracia, arrasada hace unas semanas en Grecia y este domingo pasado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva del imperio. Si esa práctica no puede ser removida del sistema internacional, si se sigue consintiendo que un país poderoso intervenga desvergonzada e impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa que sólo servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugartenientes regionales. Y pudiera ocurrir que mucha gente comience a pensar que tal vez otras vías de acceso al -y mantenimiento del- poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones.

INTERNACIONAL. Agotados, modelos de gobiernos progresistas2

Aunque impulsaron cambios económicos, no fueron profundos. El imperialismo regresó con los golpes en Honduras y Paraguay. No hubo ruptura con el neoliberalismo. Así explica el catedrático la fatiga de las acciones impulsadas por algunos gobiernos sudamericanos.

A Boaventura de Sousa Santos, estudioso de los procesos sociales y políticos de Latinoamérica, le preocupa la incertidumbre que se cierne sobre nuestra región, ahora que el ciclo de gobiernos progresistas que impulsaron un profundo cambio en Sudamérica la década anterior entra en crisis. “Sí –afirma–, hay claros signos de agotamiento del modelo.

Argentina y Brasil lo demuestran claramente.”

En una entrevista realizada en Colombia pocos días antes de los comicios argentinos, el sociólogo portugués, impulsor del Foro de Sao Paulo en los años 90 y catedrático de la Universidad de Coimbra, ya ubicaba las dificultades que tenía que remontar el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner para salir victorioso en las elecciones. Y no lo logró.

Pero no sólo es Argentina. Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia están en la misma curva de retroceso, según su análisis.

Para explicar el agotamiento de esos modelos de desarrollo, cada uno con características propias, el ensayista y autor de una veintena de obras sobre la globalización y los movimientos sociales, particularmente los latinoamericanos, se remonta a su origen. Los gobiernos sudamericanos, recuerda, llegan a la primera década del siglo XXI con un impulso brutal del neoliberalismo, marcados por desigualdades profundas. Pero también por movimientos de resistencia muy fuertes.

2 Boaventura de Sousa Santos, Sociólogo de la Universidad de Coimbra. Artículo original publica en La Reforma [http://www.jornada.unam.mx/2015/11/23/politica/014e1pol?utm_source=hootsuite].

“No es por casualidad que organizamos en Brasil el Foro Social Mundial, que es una emergencia de luchas: el levantamiento zapatista, las batallas por el agua en Cochabamba y muchas otras. Y al mismo tiempo gobiernos progresistas van ganando elecciones. El primero fue Hugo Chávez. Con estos procesos se crean nuevos marcos constitucionales, algunos bastante rupturistas. Además, Ecuador y Bolivia introducen algo muy nuevo, con una marca indígena, conceptos como el suma qamañay, sumak kawsay (buen vivir) y pacha mama (madre tierra). Hubo voluntad política y un constitucionalismo transformador desde abajo, que no era de las élites ni de la clase política.”

Una oportunidad histórica que se aprovechó

Pero, agrega, los cambios económicos no fueron tan profundos como se requería. También pesó, naturalmente, el contexto global: Hubo lo que podríamos llamar un relajamiento de la tutela imperial, por el involucramiento de Estados Unidos en Irak. Y esto lo aprovecharon las fuerzas progresistas. Pero en 2009 supimos que el imperialismo estaba de vuelta con el golpe de Honduras contra Manuel Zelaya; le siguió Paraguay, y ahora otras formas de intervención, los llamados golpes suaves.

Paralelamente, China irrumpe como potencia global, sedienta de recursos naturales. Los gobiernos progresistas vieron que vender a China sus abundantes recursos naturales era una forma de no entrar en confrontación con el modelo neoliberal.

En resumen, no hubo ruptura. De Sousa Santos recuerda la carta que Lula da Silva escribió a los brasileños cuando ganó la presidencia por primera vez, en 2003. Aseguró que iba a mantener todos sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

El crecimiento que vivía su economía lo permitía. Aprovechó la oportunidad histórica de mantenerse en el poder y hacer una redistribución social sin precedente. Se crearon clases medias que no había, se aceleró el mercado interno. Pero esa misma oportunidad histórica no fue aprovechada para regular el capital financiero.

Agrega que en ese periodo, desde México hasta Argentina, aumentó el número de millonarios año tras año. Los bancos nunca ganaron tanto. La diferencia fue que en los países con gobiernos progresistas se desarrollaron políticas sociales sin precedente. Y en los otros (México y Colombia, principalmente) no.

Otros países plurinacionales, como Bolivia y Ecuador, desarrollaron otra contradicción en su seno. El Estado nacional penetró como nunca antes en todo el territorio. Pero al mismo tiempo la Constitución pluricultural que ellos impulsaron llegó a estorbarles.

Pone de ejemplo el caso del Yasuní ecuatoriano, reducto amazónico prístino, no tocado por la civilización, y con un riquísimo yacimiento petrolero por debajo. La nueva Constitución se propuso dejar el petróleo bajo tierra si las economías industrializadas pagaban 50 por ciento de la renta petrolera que el Estado iba a dejar de recibir por mantener la selva virgen. Era una idea totalmente revolucionaria. El problema es que en el fondo siempre fue un plan B, porque el plan A fue, y es, seguir con la explotación petrolera. Lo que pasó es que se impuso la necesidad de seguir con la redistribución social, y para lograrlo el gobierno profundizó el modelo neoliberal de acceso a los recursos. Esto significa expulsar campesinos, reprimir protestas, contaminar aguas. Y eso se está haciendo en todos lados.

Oportunidad histórica que se desaprovechó

En suma, es una contradicción de un modelo de carácter nacionalista con un modelo neocolonial. América Latina sigue cumpliendo la función que le asignó el sistema colonial, que es producir recursos naturales, y si acaso mano de obra.

Esta contradicción, agrega, no se notó mientras hubo la demanda china. Pero eso terminó y China tuvo que hacer cambios, devaluar su moneda, proteger su mercado interno, y disminuyó su necesidad de productos naturales. El precio del petróleo no baja de un día para otro en 50 por ciento. Nuestros países tomaron entonces el camino del endeudamiento.

Hubo otra oportunidad desaprovechada por los gobiernos progresistas, según De Sousa Santos: Transformar a sus países en la especialización industrial, lo que llamamos el post extractivismo, para no depender de los recursos naturales. Eso no se hizo. Y ahora no hay demanda. Por eso es extremadamente difícil mantener este modelo. Y la derecha, que es revanchista, está resurgiendo de manera muy fuerte. Es una derecha oligárquica, golpista, muy agresiva.

–Otros países no pasaron por el llamado ciclo progresista, México y Colombia de manera particular. ¿Su mirada sobre la situación mexicana?

–A México lo veo en un contexto más amplio, el de los tratados de libre comercio. Primero fue el TLCAN y ahora el Transpacífico. Son procesos que a la larga van a debilitar a los países menos fuertes y van a crear estados fallidos en cadena. Esto va a ocurrir porque los mecanismos de control mínimo de cohesión social van a ser atacados por este tipo de acuerdos.

–¿Qué queda de esos grandes movimientos sociales que llevaron a Evo Morales, a Rafael Correa, a los Kirchner, a Lula, a sus victorias electorales?

–Tuvieron un papel determinante. Pero yo diría que luego se durmieron. Perdieron vitalidad, dejaron de presionar. Lograron conquistas importantes. No las minimizo. Pero creyeron que teniendo amigos en el poder ya no tenían que seguir luchando. El problema es que se confundieron: tener un amigo en el gobierno no es lo mismo que tener un amigo en el poder. Y dejaron de presionar.

Otra cosa que ha faltado es la reforma política de fondo. No hubo una política de ciudadanía, sino una de integración para el consumo. Y eso llevó a que en breve los ideales de esas clases populares pronto se convirtieran en los ideales de las clases medias. A las oligarquías eso no les gustó. Las nuevas clases medias, con expectativas muy altas, quieren más. Y no hay más. Hubo más universidades públicas, pero los servicios universitarios no

crecieron. Hubo más unidades habitacionales, pero los servicios públicos no mejoraron. De este modo los gobiernos progresistas fueron perdiendo su base social de apoyo.

–¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo revertir la derechización?

–Los pueblos a veces nos sorprenden. Los portugueses no podíamos imaginar en 1974 la revolución de los claveles. Hoy mismo, en Colombia, con este proceso de paz, que es la buena noticia del continente, puede permitir una recomposición de fuerzas. En México, Morena es una opción interesante. Y si no hubiera fraude en México, quizá podríamos ver un cambio.

NACIONAL. El requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la política de gratuidad3.

El dogma neoliberal ha permeado a la sociedad chilena, principalmente, a la élite político-empresarial. Inclusive, a aquellos que se autodenominan reformistas, como lo es la Nueva Mayoría, siguen funcionando bajo el paradigma del neoliberalismo.

Y la discusión sobre la gratuidad en la Educación Superior no escapa a este paradigma. Mientras en la mayoría de los países del mundo la Educación Superior Pública corresponde a aquellas Instituciones de propiedad del Estado, que funcionan mediante organismos colegiados triestamentales, y financiados íntegramente por el Estado (en los cuales la matrícula es más bien una cuestión simbólica o destinada a políticas de bienestar estudiantil), la élite político-empresarial frente a la discusión sobre la “educación como derecho social” y la “gratuidad de la educación superior” no es capaz de salir del paradigma neoliberal. La discusión sólo se remite a definir quién puede acceder al voucher o a la beca.

Esta es la discusión que se está dando en el Tribunal Constitucional. La Nueva Mayoría fijó con sus “malabaristas” del Mineduc determinados requisitos para becar al 50% de los

3 Genaro Millapán.

estudiantes más vulnerables (de los 5 últimos deciles). Las Universidades que podrían optar a este tipo de financiamiento serían las Universidades Estatales y las Universidades “Privadas Tradicionales” (que pertenecen al Consejo de Rectores de Chile- CRUCH).

Asimismo, se agregaron a las Universidades del CRUCH las Universidades Diego Portales, Universidad Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado, para así calmar las críticas de sus influentes Rectores.

La derecha considera que los criterios establecidos por la Nueva Mayoría son arbitrarios. Así, con el afán de que el negocio educacional siga beneficiando a todos los empresarios de la educación, quiere que el Estado transfiera recursos directamente a los dueños de las Universidades mediante becas. El “razonamiento jurídico” (si se puede llamar así) que realizan, consiste en decir que la medida de establecer la gratuidad mediante requisitos

“arbitrarios” que beneficiarían solo a estudiantes de las Universidades mencionadas, dejaría “sin derecho a la educación” a miles de jóvenes en igual condición de vulnerabilidad que “optan” por Universidades que no cumplen los requisitos. En términos jurídicos, este planteamiento es absurdo, pues de aceptar este argumento el Tribunal Constitucional debería declarar inconstitucional toda política focalizada que establece un requisito más allá de la pertenencia a determinado estrato económico (sea decil o quintil). Asimismo, hay innumerables argumentos jurídicos para sostener el absurdo de esta medida, sin embargo, no es el foco de la columna.

Frente a esta situación, más allá de la descarnada pelea entre Nueva Mayoría y Derecha, como entre los Rectores de las Universidades podemos sacar dos conclusiones preliminares. La primera de ellas, dice relación con el rol del Tribunal Constitucional. Esta es una institución clave dentro de la democracia protegida instaurada por la Dictadura. La democracia representativa se transforma en una ficción, pues aún cuando las decisiones sean aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado, un Tribunal que tiene a sus miembros elegidos por cuoteo, puede impedir que se legisle sobre alguna materia bajo el gran y absurdo paraguas de declarar una determinada disposición como “inconstitucional”.

Esto es lo que ha sido llamado por algunos autores (ver Sanhueza y Atria) como la tercera cámara legislativa. En este tribunal el juicio “técnico-jurírico” es ilusorio y solo funciona el

juicio político, que en su (casi) totalidad corresponde a la rendición de cuentas de los jueces para quienes los nombraron.

Una segunda conclusión, permite reconocer que lo “importante” para el movimiento estudiantil no se está discutiendo. He ahí la decisión de la CONFECH de no asistir a exponer ante el Tribunal Constitucional, pues asumir una posición en torno al “control preventivo de constitucionalidad” inventado por la derecha significa apoyar de una u otra forma la posición de la Nueva Mayoría o de la Derecha, cuando estas no son las únicas posibilidades en la discusión por la gratuidad.

En la discusión sobre gratuidad es necesario reconocer la predominancia del sector privado en la matrícula de la Educación Superior (aproximadamente de un 80%). Para avanzar en el fortalecimiento de una educación pública y que este se transforme en hegemónica en un unos años, es necesario dar pasos firmes y concretos: aportes basales de libre disposición para las Universidades Estatales y aquellas controladas democráticamente por su comunidad, de modo que les permita duplicar o triplicar su matrícula en el corto plazo (con especial énfasis en las Universidades Regionales); expropiación de aquellas Universidades Privadas de mala calidad y/o que incumplen la ley (lucro) o fusión de estas con Universidades Estatales (como podría suceder con el caso de la Universidad del Mar, ARCIS y todas aquellas cuestionadas por lucro); revocación del decreto que entrega el INACAP en manos de privados, para que este vuelva a ser administrado por el Estado; y fortalecimiento de la educación técnica, que más allá de la creación de CFT estatales, debería estar comprendida en armonía con el desarrollo de la educación universitaria.

Sólo en este sentido se podrá avanzar en un sistema público de educación superior que sea capaz de garantizar el derecho social a la educación de miles de jóvenes chilenos. La educación superior debe ser financiada íntegramente por el Estado y administrada completamente por las comunidades universitarias, sólo así las demandas de gratuidad y democracia serán concretadas.

No hay comentarios