La larga sombra de la dictadura…‏

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Una nota publicada por el diario Cambio 21 – cercano a la Nueva Mayoría – denuncia la complacencia con la que oficiales de nutrido prontuario son ascendidos a las más altas funciones en el ejército. Ominosa amenaza a nuestra pinche democracia protegida. Contrariamente al discurso oficial, la impunidad perdura. Es como para preguntarse quién está en el gobierno…

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Cambia jerarquía en el ejército: el inquietante nuevo alto mando


Por Mario López M. – Publicado en Cambio 21 del 25/10/2015


La readecuación del alto mando del Ejército trajo varias novedades, algunas inquietantes. Los ascensos y retiros dan cuenta que los hechos del pasado, herencias de la dictadura, están lejos de erradicarse.

Sorpresas trajo la readecuación del Ejército comunicada por la institución y que significó designar, sin cuestionar, a quienes fueron propuestos para su promoción a Oficiales Generales por la propia institución. Los cambios respondieron a la culminación del proceso de calificación del arma, ello basado “en las necesidades institucionales y dentro del marco de lo contenido en el Plan “Orca”, en el contexto de la Planificación Estratégica “Ejército 2026””, según indica el comunicado emitido por el departamento de Comunicaciones de la institución armada.

Dos Generales de Brigada ascendieron a Generales de División y 12 Coroneles fueron promovidos a Generales de Brigada. De la nómina propuesta del Ejército, nadie dijo nada y quedó aprobada. El proceso mencionado incluyó “el estudio de los antecedentes por los escalones que corresponden (léase el propio Ejército), la transmisión de la información al Ministro de Defensa Nacional (léase José Antonio Gómez), y la aprobación, en uso de sus facultades constitucionales, por parte de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet”. No solo las designaciones llamaron la atención, de pasada se dio de baja a cuestionados oficiales vinculados al fraude de platas del cobre.

“El juez de la impunidad”

Así es conocido en el mundo de los DDHH el nuevo general Felipe Cunich Mas, quien se desempeñó como Auditor del Ejército e integra la Corte Marcial. En reiteradas causas que afectan a militares en violaciones a Derechos Humanos, ha fallado liberándolos o rebajando sustancialmente sus condenas. Varios son los casos considerados vergonzosos que han instaurado la impunidad, como el del asesinato del menor Manuel Gutiérrez en que rebajó la condena al suboficial de carabineros Miguel Millacura de tres años y un día a solo 400 días de pena remitida, la que cumplirá en libertad.

No es el único caso. Como integrante de la Corte Marcial, revocó la sentencia del Segundo Juzgado Militar de Valdivia, que condenaba al cabo 1° del GOPE de Carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz, a la pena de 5 años y un día, por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte del joven mapuche Jaime Mendoza Collio, asesinado por un disparo en la espalda efectuado por dicho funcionario policial el día 12 de agosto de 2009, ocurrido en la Araucanía. El fallo del nuevo general, absolvió al funcionario del GOPE, por considerar que los disparos fueron realizados en legítima defensa. Posteriormente la Corte Suprema revocó el fallo a 3 años remitidos.

También integró la Corte Marcial que rebajó la pena al cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza, quien asesinó al comunero mapuche Matías Catrileo, el 3 de enero de 2008. El tiro mortal fue efectuado por el entonces funcionario de Fuerzas Especiales, quien según los peritajes disparó por la espalda en contra el joven cuando participaba de la ocupación del fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger en la zona de Vilcún. La pena dispuesta por el tribunal de primera instancia y que Cunich como integrante de la Corte Marcial rebajó, era de 5 años y 1 día. El carabinero sentenciado a tres años por el ahora general, cumplirá la pena en libertad.

El favorito de Oviedo

Se trata del jefe de la Sexta División de Ejército, general John Griffiths Spielman. Fue el mismo que pidió disculpas porque personal bajo su mando destruyó un monolito erigido este año en memoria de víctimas de Derechos Humanos en la ciudad de Iquique. El memorial por los ejecutados, se había levantado en terrenos contiguos a la Escuela de Caballería Blindada, en la Avenida Salvador Allende de Iquique, donde antes estaba el Regimiento de Telecomunicaciones. Dicha unidad militar fue uno de los centros de tortura que funcionaron en esa ciudad que posteriormente serían trasladados al campo de Presos Políticos de Pisagua.

El pasado 13 de septiembre en horas de la madrugada dos tenientes en servicio activo, dañaron el monumento levantado en recuerdo de los militantes de izquierda Jorge Marín y William Miller y del soldado Pedro Prado Ortiz, todos quienes fueron asesinados, pintando consignas contrarias a los derechos humanos. Los oficiales que al ser sorprendidos huyeron del lugar para posteriormente volver al lugar de los hechos, fueron detenidos por carabineros tras una denuncia de la misma guardia del recinto militar. Se trata del teniente Mauricio Pacheco Urrutia, de la 2da Brigada Acorazada Cazadores y el teniente Pablo Henríquez, del Centro de Entrenamiento Acorazado.

Hasta el momento se desconoce si el general Griffiths Spielman, aparte de las disculpas a familiares y amigos de las víctimas, adoptó sanciones concretas en contra de los uniformados que actuaron a rostro cubierto con un pasamontañas mientras dañaban el monolito con pintura spray. Uno de los dirigentes de las agrupaciones de DDHH locales, Luis Caroca, señaló a EdicionCero, que si bien “son otros tiempos, son otros hombres, que no pueden cargar con el pasado”, los militares deben desbloquear la información que tienen, para encontrar a los desaparecidos y que por fin, Chile pueda cerrar este ciclo nefasto”. Habrá que ver si las disculpas quedan en solo dichos o se transforman en hechos en este caso.

Los Arancibia Clavel

Si usted es una persona vinculada a los Derechos Humanos o simplemente bien informada, de seguro los apellidos le llamarán la atención. Entre los generales que ascendieron, se encuentra Felipe Arancibia Clavel. No es coincidencia, es el hermano del asesinado agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, vinculado a un sinnúmero de casos de crímenes en dictadura, entre ellos el del general Carlos Prats y su esposa, ocurridos en Buenos Aires. Enrique fue asesinado en extrañas circunstancias. Para algunos fue para acallarlo, para otros un crimen pasional entre homosexuales.

Sobre él y su participación en violaciones a los DDH ha señalado el general: “Mire, es una pregunta compleja, pero tengo una opinión muy personal y voy a hablar como Felipe Arancibia (…) En el caso Prats, soy un convencido que mi hermano no tuvo ningún involucramiento en el hecho, nada (…) Fue una época distinta donde fue uno de los primeros casos. Pero, yo soy un convencido que mi hermano no tenía nada que ver con eso (…) Fue un dolor familiar, pero como familia apoyamos a mi hermano. Soy un convencido de que él no tuvo nada que ver por los antecedentes que yo tenía y es un tema que ya pasó y para mí ya está superado”.

Su hermana también resulta conocida por sus vínculos con lo más recalcitrante de la dictadura. Historiadora y escritora, Patricia es número pegado en cuanto lanzamiento de libro asociado a la dictadura o a sus personeros, acontezca. Su más reciente aparición fue en el lanzamiento del libro de Cristián Labbé (sí, el mismo), “Biografía política del Estado de Chile”, mientras era alcalde de Providencia. Allí se le vio junto a Hermógenes Pérez de Arce, el destituido ministro de la Corte Hernán Cereceda, los generales en retiro Guillermo Garín y Alejandro Medina Lois, entre otros personajes de esa socialité. Pero claro, nadie es culpable sino que de los pecados propios y no de la familia.

“No hay pactos de silencio”

Si bien Felipe Arancibia Clavel ingresó a la Escuela Militar en 1977 sin vivir como uniformado los avatares del 73, sí tiene una posición al respecto y la ha dado a conocer en más de una oportunidad. También se ha pronunciado sobre DDHH. Aquí algunas de sus opiniones: “Yo descarto que haya un pacto de silencio, que ocultemos información”, señaló en una entrevista con la Prensa Austral. “Toda la información que tiene el Ejército, que ha sido requerida por las instancias judiciales, se ha entregado”, remató.

Sobre las violaciones a los DDH, indicó: “La historia está, es un hecho de la causa y el Ejército tiene una hoja brillante en la historia de Chile, pero también ha tenido episodios en que nos ha dolido el alma y que han permitido o han creado alguna división entre los chilenos (…) Quiero recordarle lo que dijo el general (Juan Emilio) Cheyre, quien hizo un reconocimiento de la responsabilidad institucional. Y también lo comentó el actual comandante en jefe del Ejército (Oviedo). Eso ya está dicho, pero no hay que olvidar también que hay responsabilidades que son individuales. El Ejército se hizo cargo de una responsabilidad y lo hizo presente en el ‘nunca más’ del general Cheyre”, espetó.

Como Juez Militar de la V División, se le cuestiona en la zona austral que llegó para “echar tierra” al escándalo de la venta de por piezas o chatarra de tanques del Ejército en que resultaron inculpados dos oficiales quienes posteriormente fueron dejados en libertad por la Corte Marcial. También se le critica por no entregar los antecedentes por violaciones de DDHH ocurridos en esa localidad. “yo no estuve el ’73 en esta zona (…) Usted sabe que la información tiene vigencia y posteriormente se incinera o se elimina o qué sé yo. Yo le puedo decir que no existe ninguna documentación ni archivo secreto en la V División, como así tampoco lo tiene el Ejército”, afirmó.

De pasadita…

Así como que no quiere la cosa y pasando medio desapercibido, el Ejército aprovechó la ocasión para dar de baja a dos generales, Miguel Muñoz Farías y Héctor Ureta Chinchón, quienes, de acuerdo a las declaraciones del hoy principal inculpado en el caso “milicogate”, están vinculados. Ureta, era quien tenía a su cargo la Dirección de Mantenimiento del Ejército, justamente la entidad que sirvió de excusa para desviar los millonarios fondos entregando órdenes de compra que jamás se materializaron pero sí se pagaron o cancelando facturas falsas ideológicamente.

Incluso, las órdenes de pagos y trabajos llevaban la firma del señalado general, aunque este negó que le pertenecieran y aseguró que le habían sido falsificadas por personal a su cargo, cuestión que no ha sido acreditada por un perito judicial en el marco de la investigación que lleva la justicia civil y la propia institución. De hecho, otro de los implicados en la estafa, el coronel Clovis Montero aseguró en una conversación grabada con el general Jozo Santic, y que diera a conocer Cambio21, que el cabo Juan Carlos Cruz sería el autor de la falsificación de los instrumentos mercantiles.

Clovis Montero, quien se encuentra confeso en los hechos, señaló: Entre enero y marzo de 2014, “Cruz me manifestó que la División de Mantenimiento (a cargo del general Ureta) necesita (ba) sacar unos dineros para unos gastos”. Y la manera de sacarlos era mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas que consiguieron con la empresa Frasim, dirigida por Francisco Huincahue, las que ingresaban en el sistema y generaban las órdenes de pago que emitía la propia División a cargo de Ureta, para luego enviarlas a Tesorería del Ejército, donde se pagaban y donde se encontraba a cargo el mismo Montero Clovis.

Saco roto…

Un grupo de los funcionarios de la División que comandaba el general Héctor Ureta se encuentran detenidos en el marco de la investigación. Entre ellos sus más cercanos, todos de baja graduación, y a quienes se les imputa estar vinculados al millonario fraude. Entre ellos los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamante. Ellos se suman a Juan Carlos Cruz y Clovis Montero.

Por coincidencia o quizás no tanto, es la misma División de Mantenimiento que está asociada a otras facturas falsas y que se investigan en la causa seguida en contra del mayor Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar del Ejército y que endeudó al Ejército en cientos de millones de pesos con terceros.

La unidad que comandaba Muñoz Farías era la responsable dentro del Ejército de controlar los saldos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre. Claramente no existió tal fiscalización o de haberla, esta fue inapropiada. Tanto así, que la fiscal Paola Jofré, puso sus ojos en el equipo que formaba parte del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) instancia desde donde se defraudaron los miles de millones del erario nacional. No fue un documento o factura, no fue una ocasión, fueron decenas y hasta miles los pagos indebidos. El que ordenaba el pago sabía o debía saber, el que fiscalizaba o no lo hizo o no podía menos que saber y el que pagaba era parte del mismo sistema que por desidia o maledicencia, defraudó al Estado. ¿Qué tal?

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20151023/pags/20151023223346.html

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