Trabajadores de primera y segunda categoría: la externalización como desposesión

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Fuente: El Mostrador
El conflicto que mantuvo la CTC con Codelco es una muestra de las prácticas de desposesión y resistencia colectiva organizada, que refleja el actual desequilibrio político entre el trabajador y el empleador, así como a nivel más general entre pueblo y élite. Esto se vive no tan solo en sectores productivos históricos como la Minería sino que también en los nuevos sectores introducidos a las lógicas de acumulación de capital, como Enseñanza y Salud.
Desde fines de 2014 el debate sobre la Reforma Laboral ha dejado a la vista los pilares que sostienen el modelo de relaciones laborales en Chile. Ciertos sectores del “oficialismo económico” (dentro y fuera del Gobierno) y el gran empresariado han defendido férreamente los principios del Plan Laboral de 1979. Los avances que puede traer la reforma se relativizan tremendamente al mantener y profundizar el corazón del Plan Laboral: contener la negociación colectiva encerrada en la empresa (es decir, negar la negociación ramal), consolidar una huelga que no paraliza (permitir el reemplazo interno y garantizar servicios mínimos) y despolitizar la acción sindical.
Cerrar la puerta a la negociación más allá de la empresa y desconocer el derecho a huelga implica negar la existencia de los trabajadores, manteniendo el monólogo empresarial de los últimos 40 años. Las recientes movilizaciones de los trabajadores contratistas de Codelco dan cuenta de este problema: ¿cuánto deben sacrificar hoy los trabajadores por sentarse a una mesa? y ¿cuánto está dispuesto a sacrificar el empresariado con tal de negar esta posibilidad? En el momento más álgido de los 22 días de movilización de la CTC, el presidente ejecutivo de Codelco señaló que las pérdidas diarias por la paralización de faenas equivalían a US$27 millones, mientras el costo total del Acuerdo Marco era de US$120 millones al año [1]. A tal punto ha llegado la negación de los trabajadores y sus derechos que, hace un año, el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP señaló que en Chile “el panorama es desolador” en materia de derecho a huelga [2].
En la mayoría de los países del mundo la externalización (en inglés “outsourcing”) funciona principalmente como un mecanismo de encadenamiento productivo horizontal entre empresas, privilegiando la dimensión comercial de esta relación. Los niveles de flexibilidad y el escaso poder negociador de los trabajadores en nuestro país han hecho que el énfasis de esta relación de integración no esté tanto en el aspecto comercial como sí en la subordinación vertical de los trabajadores externos a la empresa mandante. En un escenario de alta flexibilidad laboral, como en Chile, la subcontratación se ha convertido en una cortina de humo para ocultar la relación de subordinación y dependencia directa en que entran los trabajadores con la mandante.
El proceso que ha llevado a la consolidación del Acuerdo Marco, desde las primeras manifestaciones (2003-2005), pone en evidencia la importancia de la acción colectiva más allá de la empresa [3]. Cabe recordar que las primeras demandas de los subcontratados del cobre apuntaban a aspectos mínimos de seguridad e higiene, que de no mediar la paralización de faenas posiblemente jamás se hubiesen implementado. Esto se debe en gran medida a que ha existido una política activa de abaratamiento de costos laborales en que la empresa mandante no garantiza las condiciones en que la empresa contratista mantiene a los trabajadores. No es casual que actualmente la minería concentre la mayor cantidad de subcontratados a nivel nacional con un 58,3%, ni que en Codelco 7 de cada 10 trabajadores sean externos. Como ha señalado la Federación de Supervisores del Cobre, lo que muestra el conflicto reciente es que el modelo de negocios del subcontrato ha sido un fracaso desde el punto de vista laboral y económico [4], situación que ha comenzado a ser reconocida incluso por algunos ejecutivos de la gran minería [5].
Las movilizaciones de los subcontratistas no cuentan ni con garantías “legales” que protejan a los trabajadores, ni con el reconocimiento de la autoridad, que niega la legitimidad del conflicto. De esta manera, en los últimos 10 años hemos tenido que lamentar cientos de trabajadores heridos en jornadas de protesta, además del asesinato de Rodrigo Cisterna (trabajador subcontratado de Bosques Arauco S.A) y Nelson Quichillao (trabajador subcontratado de Codelco), acribillados por la fuerza policial en defensa de una huelga que no paraliza. El antecedente es contundente, en ambos casos se envía a la fuerza pública a actuar como esquiroles haciendo un uso desmedido de fuerza, como establece el juicio que reconoce la responsabilidad del Estado en la muerte de Cisterna [6], quien junto a sus compañeros luchaba, entre otras cosas, por igualar su salario de $60.000 al de $123.000 de los trabajadores de planta [7].
La externalización como proceso de fragmentación y disolución de la acción colectiva, así como de precarización subterránea, es un fenómeno extendido en la gran mayoría de los sectores productivos. A nivel nacional, según la Nueva Encuesta Nacional del Empleo (NENE), los asalariados externos (subcontratados, suministrados, enganchados) han aumentado en un 77% desde que se tienen datos oficiales con este instrumento. Pasando de un 11,5% en enero marzo 2010 a un 17,8% para el último trimestre publicado por el INE correspondiente a abril-junio 2015. Sin embargo, existen sectores que en los últimos 5 años han aumentado exponencialmente el componente externo de su fuerza de trabajo. Destaca el sector Enseñanza, que representa el 43,7% de la variación positiva de asalariados externos desde enero-marzo 2010 a la fecha. Este sector, junto a Servicios Sociales y de Salud, Administración Pública y Minería, acumulan el 83,1% de tal variación. En tres de los cuatro sectores [8] el porcentaje actual de asalariados externos supera el 30% [9] (exceptuando el sector de Administración Pública).

Los cuatro sectores, a su vez, son actividades históricamente asociadas al Estado y que estaban fuera de los sectores privados económicos fundamentales previo al Golpe de Estado. Tanto Enseñanza como Servicios Sociales y de Salud, reflejan los mecanismos históricos de desposesión con los cuales contó el empresariado para obtener las grandes riquezas de la actualidad. Hoy, 16 instituciones de educación superior concentran el 53,2% de las utilidades del sistema. Entre ellas destaca Inacap con $ 30.825.392.000; Universidad Católica con $14.263.085.000 y Universidad Andrés Bello con $11.523.314.000. El caso de Inacap es particularmente interesante, pues era una institución estatal administrada por Corfo y Sercotec que, en 1989, se desliga del Estado y pasa a ser una institución privada, siendo integrado su consejo directivo por miembros de la Confederación de la Producción y Comercio.
Los mecanismos de desposesión por medio de privatizaciones, se reflejan también en los mecanismos de precarización y fragmentación del trabajo, complementando de esta forma la mantención de altas tasas de ganancia. Es por ello que la mercantilización de lo que antaño eran derechos sociales no solo atañe al servicio prestado (educación como “bien de consumo”, por ejemplo) sino que a la forma en la cual se entiende la organización del trabajo en su interior. De esta manera, la categoría de trabajador de segunda clase se evidencia en las brechas salariales entre un trabajador de planta y uno externo. Para el caso de la Minería, esta es de un 53% más alta para el trabajador de planta; en sector Enseñanza es un 20%; para Comercio, un 56%; y para Intermediación Financiera, un 188% [10]. La externalización opera de esta forma como un ahorropara el empleador, por medio de la desposesión salarial directa.
En la mayoría de los países del mundo la externalización (en inglés “outsourcing”) funciona principalmente como un mecanismo de encadenamiento productivo horizontal entre empresas, privilegiando la dimensión comercial de esta relación. Los niveles de flexibilidad y el escaso poder negociador de los trabajadores en nuestro país han hecho que el énfasis de esta relación de integración no esté tanto en el aspecto comercial como sí en la subordinación vertical de los trabajadores externos a la empresa mandante. En un escenario de alta flexibilidad laboral, como en Chile, la subcontratación se ha convertido en una cortina de humo para ocultar la relación de subordinación y dependencia directa en que entran los trabajadores con la mandante. El naufragio de la “ley de subcontratación”, y el apoyo institucional a este fracaso demuestra que la crisis actual ha sido el resultado directo de privilegiar intereses como los de Codelco, Escondida y las empresas “contratistas” [11]
En este escenario, el derecho a huelga pasa a ser central, pues invoca un derecho humano fundamental, que no solo afecta a los trabajadores sindicalizados sino que a todo un pueblo, pues es un mecanismo histórico de organización popular que supera con creces el mero ámbito laboral. El conflicto que mantuvo la CTC con Codelco es una muestra de las prácticas de desposesión y resistencia colectiva organizada, que refleja el actual desequilibrio político entre el trabajador y el empleador, así como a nivel más general entre pueblo y élite. Esto se vive no tan solo en sectores productivos históricos como la Minería sino que también en los nuevos sectores introducidos a las lógicas de acumulación de capital, como Enseñanza y Salud.
Encuesta Cátedra UC-Fundación Carlos Vial Espantoso:Sindicalistas apoyan adaptabilidad y huelga sin reemplazo, pero con equipos mínimos acordados antes de la negociación

Fuente:El Mercurio

Si bien el 72% de los dirigentes cree que la huelga debe realizarse sin reemplazo, un mayoritario 65% es partidario de incorporar condiciones especiales de trabajo. Y el 56% considera necesario incluir la capacitación dentro de este proyecto . 

 

Cinco ministros presentes en la Sala, graderías repletas de dirigentes sindicales, acaloradas intervenciones y amenazas de desalojo, 22 votos a favor y 14 en contra. Esos son los ingredientes que resumen la jornada del miércoles, cuando el Senado aprobó en general la reforma laboral que propicia el Gobierno y que busca fortalecer los sindicatos.
Ahora se podrá comenzar con la discusión en particular, para lo cual tanto el Gobierno como los parlamentarios podrán ingresar indicaciones, con un plazo fijado para el 7 de septiembre.
En ese proceso se jugará el verdadero partido, que es el de la ingeniería de detalles del proyecto.
En ese contexto, la Cátedra UC-Fundación Carlos Vial Espantoso realizó una encuesta a dirigentes sindicales, con el objetivo de conocer su visión del proyecto, de sus elementos más polémicos, los efectos que creen tendrá en el empleo y de los cambios laborales que ellos priorizarían.
El sondeo fue contestado por 127 dirigentes sindicales -que representan un universo aproximado de 80 mil trabajadores afiliados a estos sindicatos-, que se relacionan con esta fundación y que participan en el Diplomado de Liderazgo Sindical que realiza la UC.
Los resultados son reveladores. El 72% de los dirigentes cree que no se debe permitir el reemplazo en huelga con trabajadores internos, y solo el 22% se manifestó de acuerdo con este tipo de reemplazo.
El reemplazo con trabajadores internos es uno de los temas sensibles que están en el debate. La posibilidad de establecer el reemplazo externo, en cambio, es una alternativa que difícilmente se reinstalará en el Senado, pues tanto el Gobierno como parlamentarios del oficialismo estiman que esa opción atentaría contra el corazón mismo del proyecto. En el sondeo, esta opción concita un rechazo del 80%.
Pero si bien estos números muestran aquel mayoritario rechazo al reemplazo incluso interno, casi la mitad de los consultados (45%) apoya la idea establecer equipos mínimos para darle sustentabilidad a la empresa. Solo el 29% se muestra en desacuerdo.
Otro dato revelador de la encuesta es que la mayoría de los dirigentes (65%) ven de forma positiva que la reforma laboral permita al sindicato acordar condiciones especiales de trabajo, como jornadas y descansos, es decir, que se incorporen aspectos de adaptabilidad.
El proyecto original ingresado por el Ejecutivo consideraba que los pactos de adaptabilidad podían discutirse en empresas que cuenten con un mínimo de 30% de afiliación sindical. Sin embargo, en la Cámara se ingresó un artículo transitorio que subió ese piso al 65% de afiliación, y con un cronograma que va bajándo en cuatro años, hasta 30%.
Contrario a lo que ha planteado el Gobierno, en el sentido de que este proyecto solo debe abordar materias relativas a la relación sindical y no otros temas del mercado laboral, el 56% de los dirigentes consultados señalan que la capacitación es el principal tema que la iniciativa legal no aborda y que para los sindicatos es importante. También aparecen otras materias, como productividad e incorporación de las mujeres y jóvenes al mercado laboral, aunque con porcentajes menores de adhesión.

Según Juan Morales, presidente Sindicato Laboratorio Chile, no es extraño que los dirigentes prioricen la capacitación por encima de otras materias: “El dirigente apunta al crecimiento del trabajador. Por eso vemos como algo tan relevante la capacitación”, estima.
Otro dato llamativo es que incrementar los salarios es solo la sexta prioridad para los sindicalistas, con un 9% de las preferencias.
Sindicatos ven judicialización por servicios mínimos
Quién definirá los equipos mínimos en caso de huelga y cuándo lo hará es uno de los temas que genera mayor debate. El proyecto establece que los equipos mínimos podrán utilizarse para garantizar las instalaciones de la empresa, seguridad y salud de las personas.
Dentro de ese limitado marco, los trabajadores y empleadores deberán acordar, durante la negociación colectiva, cuántos trabajadores integrarán esos equipos mínimos. De no haber acuerdo, la Dirección del Trabajo (DT) deberá dirimir. Y, además, existirá la posibilidad de recurrir a tribunales.
Pero el presidente del Sindicato de Trabajadores de Los Pelambres, Manuel Figueroa, advierte: “Lo más probable es que, después de todo, lleguemos a tribunales y van a terminar judicializándose las negociaciones colectivas”.
Para evitar esa judicialización, señala, el proyecto debería establecer un período de preparación de la negociación colectiva, en que los trabajadores y la empresa pueden determinar cómo darle continuidad a la empresa.
¿Qué ocurre si no hay acuerdo? Según Rafael Díaz, presidente del sindicato de Trabajadores de AES, las instituciones técnicas, como Sernageomin o la Superintendencia de Electricidad y Combustible deberían trabajar en conjunto con la DT a la hora de zanjar estas diferencias. “Lo importante es que las funciones que son críticas deben ser resueltas en una etapa previa”, afirma.

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